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Comisión por la Memoria presentó su Informe Anual

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su Informe Anual 2020 “El sistema de la crueldad XIV”, resultado del trabajo de monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental realizado durante 2019.

El Informe ofrece también “un balance de los últimos cuatro años marcados por la profundización de las políticas punitivistas en materia criminal y un acelerado deterioro de los derechos humanos”.

Estas son algunas de sus principales conclusiones:

Entre 2016 y 2019, 485 personas murieron por uso letal de la fuerza y 550 en cárceles provinciales, apenas una muestra de la violencia desplegada por el Estado durante una gestión sustentada en la profundización del punitivismo y la desigualdad.

Durante 2019 la práctica sistemática de la tortura fue denunciada por 6.713 personas que relataron 12.594 hechos: hacinamiento, deplorables condiciones materiales de encierro, aislamiento, agresiones físicas, amenazas, desatención de la salud, falta o deficiente alimentación.

Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles dormía en el suelo; en comisarías lo hacían dos de cada tres. Una verdadera radiografía de la crueldad que sigue sucediendo sin generar la menor reacción de los poderes del Estado responsable de garantizar derechos y de prevenir, erradicar y sancionar la tortura.

Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles dormía en el suelo; en comisarías lo hacían dos de cada tres.

“Año tras año nos encontramos casi con los mismos problemas, pero no trabajamos con números sino con seres humanos que sufren el encierro y las violencias de las fuerzas de seguridad. Año tras año, este informe nos muestra una realidad trágica en la vida de nuestro pueblo. No hay simplemente una crítica para los gobiernos sino un llamado de atención para las reformas estructurales. Todo esto que venimos señalando es para fortalecer las instituciones democráticas y desarticular los mecanismos represivos”, expresó el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel durante la presentación pública que se realizó de manera virtual.

Control policial del territorio y encarcelamiento creciente: la violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro, garantizadas por un Poder Judicial que las convalida, componen una violencia estatal utilizada como forma de gobierno de esas poblaciones excluidas, que armoniza con los efectos excluyentes del modelo económico.

“Con la doctrina Chocobar hubo un culto del estado policial que despliega la violencia y el gatillo fácil contra un destinatario específico: los jóvenes pobres. No es nuevo esto, ni tiene que ver con la coyuntura pero, en los últimos años, se legitimó estas violencias como el único camino”, expresó el vicepresidente de la CPM Víctor de Gennaro. “Es una conmoción que a 37 años de la vigencia de la Constitución Nacional, de recuperada la institucionalidad, todavía los derechos humanos no estén siendo protegidos. Hoy el gobierno tiene una oportunidad para cambiar esta política: en vez de aterrorizar, cuidar; en vez de reprimir, prevenir”.

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