Desde la comuna dieron a conocer detalles de la reunión realizada el pasado lunes por la problemática de las usurpaciones, sobre todo en relación a la situación que se da en el barrio San Jorge. El encuentro fue convocado por el intendente Juan Ignacio Ustarroz y contó con la presencia de los Colegios de Escribanos, de Agrimensores, de Martilleros, de Magistrados y Funcionarios Judiciales, integrantes de Fiscalía, concejales de Juntos por el Cambio, del Partido Fe, del Frente de Todos, y funcionarios de la Sub Secretaría de Tierras y de la Secretaría de Gobierno.
Desde el municipio recordaron que el concejal Edgard Killmeate en la reunión de lunes habló solamente respecto a las denuncias del barrio San Jorge. “Nos llaman los vecinos preocupados”, dijo y el fiscal Baraldo Victorica fue claro: “En la zona de San Jorge tenemos una sola denuncia que aún se está sustanciando”. Mientras que Javier Guevara preguntó si se refería al “caso Caetano”, a lo que el fiscal afirmó.
En ese contexto explicaron que «llamativamente» días después de esa reunión en la cual los ediles de Juntos por el Cambio hicieron únicamente mención a la problemática de ese barrio, un grupo autodenominado vecinos de San Jorge remitieron a los medios una carta donde advierten sobre “usurpaciones, ilegítimas, ilícitas y hasta violentas de las que algunos han sido víctimas en los últimos tiempos”.
«Entre los firmantes se encuentra el marido de una concejal de Juntos por el Cambio y las afirmaciones se contraponen con los dichos del propio fiscal Baraldo Victorica y el fiscal general Pablo Merola, presentes en el encuentro del lunes», plantearon y explicaron en este sentido que Caetano –uno de los firmantes de la carta– denunció en enero del año 2019 que le habían usurpado una finca. «El fiscal Baraldo Victorica pidió el lanzamiento inmediato y el juez de Garantías, Facundo Oliva, no hizo lugar a tal solicitud porque entendía que no se encontraba debidamente acreditado no solo la titularidad del inmueble, sino que los ocupantes presentaron documentación que daría cuenta del ejercicio de la posesión desde hacía 7 años. En aquella oportunidad el fiscal le solicitó al denunciante que le acompañe una documentación que jamás alcanzó a la sede fiscal», recordaron.
Es así que afirman que se podría pensar que «la carta remitida a los medios tiene una clara intencionalidad política ya que concluyen la nota confiando en la Justicia, aunque omiten señalar que fue precisamente la justicia –en primera instancia y el año pasado– quien no hizo lugar al pedido de lanzamiento de los supuestos usurpadores».
En este contexto vale destacar que antes que este tema tomara trascendencia mediática, se había iniciado un expediente administrativo en la Municipalidad de Mercedes por las construcciones clandestinas y la posible violación a la ordenanza de zonificación en el marco de la cual se citó a una audiencia para este miércoles ante el juez de faltas Matías Maresca, tal cual indicaron.