Atentos a la extrema gravedad de la situación epidemiológica, este martes se llevó a cabo una reunión entre la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados, de la que participaron integrantes de las conducciones provinciales y departamentales de ambas instituciones.
En el marco de esta segunda ola de Covid-19 y con preocupación, tal cual informó a este medio el mercedino Alberto Igoldi, de AJB, ambas representaciones mencionadas lanzaron un comunicado en conjunto en el que le pidieron a la Suprema Corte «restringir al mínimo indispensable las tareas presenciales en las dependencias judiciales».
Los trabajadores y funcionarios judiciales le reclamaron al máximo tribunal de Justicia de la Provincia que «convoque de forma urgente al Comité de Crisis» a través del cual se disponga «con carácter general y obligatorio», la realización de teletrabajo en las distintas dependencias.
Vale recordar que la AJB ya se había declarado en «estado de alerta» frente al incremento de contagios, y habían adelantado que realizarían «acciones gremiales ante la falta de medidas que restrinjan la presencialidad».
Reclaman «medidas que garanticen el cuidado de la vida y la integridad física de quienes sostienen el funcionamiento diario del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires»
«Lamentablemente, la Suprema Corte decidió no receptar el reclamo gremial y publicó minutos después de la reunión la Resolución 597/21, donde se mantiene el esquema de funcionamiento previo y se reiteran recomendaciones que ya han demostrado su ineficacia para limitar el número de contagios», habían señalado desde el sindicato judicial.
Ahora, a partir de haber sumado al Colegio de Magistrados y Funcionarios al reclamo, se espera que la Suprema Corte intervenga en la cuestión.
Lo que reclaman, son «medidas que garanticen el cuidado de la vida y la integridad física de quienes sostienen el funcionamiento diario del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires».
Y además ambas instituciones «ratificaron su compromiso de mantener los canales de diálogo institucionales tendientes a resguardar la salud de las y los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial».