El pasado 10 de junio, con la presencia de trabajadores y trabajadoras de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones y de los Juzgados de Paz, se llevó a cabo la reunión convocada por la Asociación Judicial Bonaerense, con el objetivo de analizar colectivamente los pasos a seguir ante la falta de respuestas de la Suprema Corte a la convocatoria a una instancia de diálogo para debatir los cambios al nuevo régimen de notificaciones, aprobado por el Acuerdo 4013.
En primer lugar, se analizaron los alcances del dictado del Acuerdo 4023, por el que el máximo Tribunal pospuso la entrada en vigencia del “Reglamento para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos” hasta el 23 de agosto, a fin de analizar las diferentes sugerencias recibidas, entre las que se encuentran las observaciones formuladas por la AJB.
En ese sentido, coincidieron en calificar la prórroga a la entrada en vigencia de la nueva reglamentación como un gran logro producto de la lucha organizada del sector, que participó activamente de la campaña “No a la privatización de la Justicia” y acompañó con sus firmas, la presentación realizada por el sindicato.
A partir de un extenso y rico debate, durante el cual se analizaron diferentes medidas para seguir visibilizando el reclamo, se resolvió:
– Realizar una medida de retención de tareas en las próximas semanas y convocatoria a una nueva reunión.
– Los primeros días de agosto, paro con movilización a la Suprema Corte en la ciudad de La Plata (siempre que la situación epidemiológica lo permita) en caso de que la AJB, como único sindicato representante de las y los trabajadores judiciales, no sea convocada para debatir los cambios necesarios a la reglamentación mencionada.
– Realizar reuniones con las y los trabajadores de cada una de las oficinas para seguir instalando el reclamo.
– Continuar con la campaña de difusión, con publicación de solicitadas, pasacalles, material gráfico y audiovisual.
– Convocar a otros gremios y centrales de trabajadores a apoyar el reclamo.
– Seguir exigiendo a la Suprema Corte la resolución de los reclamos plasmados en el petitorio presentado en el año 2017 con más de seiscientas firmas de compañeras y compañeros del sector.
