Desde la Asociación Judicial Bonaerense convocaron a los medios en la sede gremial de calle 22 este martes para ofrecer una conferencia e informar sobre la denuncia que hizo la AJB contra la doctora Marcela Otermín, ante la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por reiterado acoso laboral y otros, situación que lleva años y podría derivar en un juicio político a la magistrada.
En la sede de la AJB de Mercedes su secretario Mariano Romano presentó a sus colegas del gremio y a un integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, que también interviene en el asunto ya que la jueza Otermín es de Ejecución Penal y se le reclaman varias cuestiones en relación al trato con detenidos y el no cumplimiento de cuestiones humanitarias.
Agustín García, secretario gremial de la AJB; Mariano Fernández, secretario de DDHH del gremio; y Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria fueron parte junto a Mariano Romano del encuentro con la prensa.
García indicó que la denuncia recae sobre el Juzgado de Ejecución Penal 1 con intervención de diferentes órganos de la Suprema Corte. “Con el trabajo desarrollado por el equipo de la secretaría gremial de la AJB realizamos una denuncia por la infracción a la ley 13.168 que sanciona y erradica la violencia laboral que ejerce un magistrado o magistrada en la provincia”, dijo y remarcó que más “de 29 trabajadores solicitaron el traslado en los últimos años de la dependencia a cargo de la doctora Otermín, 18 de ellos por diferentes problemáticas de salud”.
“Es una jueza a cargo de realizar el control de legalidad de las personas privadas de libertad en el cumplimiento de su pena, con más de 1100 personas a su cargo”, describió y remarcó que además está denunciada penalmente ante el departamento de Dolores por la posible comisión del delito de falsificación ideológica de instrumento público agravado por ser funcionaria. “Esa causa es la de la triple fuga de los hermanos Schiareti y Lanatta”, comentó García sobre las implicancias de esta situación. “Pero la doctora se ampara en su fuero y tiene incluso un pedido de jury en la provincia. Es una magistrada denunciada de ejercer violencia laboral, de no dar respuesta y no ejercer el control de legalidad en cumplimiento de la pena de los detenidos de la provincia. La denunciamos por todos estos hechos”, dijo. “No puede haber magistrados de estas características en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Esta jueza se ampara en sus fueros y sigue cometiendo hechos de violencia laboral y controla la legalidad en el cumplimiento de las penas. Esto es una disonancia y le pedimos de manera urgente a la Corte que la aparte preventivamente mientras se investiguen los hechos y se pronuncie la justicia penal”, dijo.
Mariano Fernández, por su parte, remarcó que la jueza “delega trabajo y eso también trae aparejada sobre exigencia y atribución de responsabilidad a funcionarios como si fueran jueces de hecho”. “Lleva adelante una presión que afecta a la salud de compañeros y compañeras. Incluso no respetó la licencia por maternidad de una compañera, la que luego de dar a luz y con su hijo recién nacido recibía expedientes en la casa para ser estudiado y proyectar resoluciones”, ejemplificó y habló de “destrato y humillación” que se soporta por parte de los trabajadores en el Juzgado de Ejecución Penal 1. “Este maltrato justifica que la doctora sea separada preventivamente de su cargo, sin perjuicio que siga avanzando el juicio político que tiene en marcha y que no cabe otra sanción que la destitución”, detalló Fernández y comentó que la denuncia de maltrato fue realizada en octubre y los hechos se remontan a varios años a 2014. Pero incluso en 2009 hubo un pedido de intervención en la justicia. “La Corte no puede sostener más ni hacerse la desentendida con lo que hace esta magistrada, que pasa incluso mas tiempo de licencia que ejerciendo su cargo”, sostienen desde la AJB y hablan de “maltrato sistemático como forma de disciplinamiento” por parte de la jueza y de “un sin número de anomalías en expedientes de personas privadas de la libertad en cumplimiento de su pena”.
La Comisión por la Memoria también participa de esta denuncia, ya que, según planteó Cipriano, “la jueza es autora de violaciones a los derechos humanos, agravando las condiciones de detención de las personas”: “La jueza es una negadora serial de derechos de las personas detenidas. Se ha caracterizado por eso y ha incumplido con la ley de habeas corpus sistemáticamente. Muchas personas han sido golpeadas y trasladadas sin causa alguna y la jueza rechazaba los habeas corpus, no los trataba y cuando lo hacía no participaba de las audiencias delegando y esto no se puede hacer. Se cuestiona la demora y los criterios empleados para la resolución, y que en su accionar violó derechos humanos todos estos años. Lo hemos señalado y denunciado, pero por ahora estamos sin respuesta. Esperamos que la Suprema Corte frente a esta sumatoria de casos, actúe”, indicó el referente de la CPM a la espera de que la Corte apele a la suspensión y se tramite el pedido de juicio político a la doctora Otermín.
