«Este acuerdo alcanzado por YPF es una gran noticia para todos los argentinos y argentinas. Fortalece el camino de soberanía energética iniciado en 2012 con la recuperación de la compañía», dijo el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, en relación a una beneficiosa novedad que se dio en el ámbito petrolero. Es que YPF alcanzó un beneficioso acuerdo en el caso Maxus y evitó un juicio millonario.
Este jueves 6 de abril YPF oficializó un acuerdo con el Fideicomiso de Liquidación Maxus que, de cumplirse ciertas condiciones, desestimará todas las acciones iniciadas contra YPF y Repsol y otorgará una liberación y absolución total de los reclamos que presentó dicho Fideicomiso por hasta US$ 14.000 millones.
Tras años de litigio y negociaciones el Fideicomiso de Liquidación de Maxus y luego de obtener YPF, en junio de 2002, una decisión de juicio sumario parcial por parte del Tribunal de Quiebras, YPF y Repsol han llegado a un acuerdo de conciliación bajo el cual el Fideicomiso de Liquidación de Maxus desistiría de las reclamaciones que ha presentado contra YPF y Repsol en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, así como a todas las reclamaciones actuales y futuras que pueda tener contra YPF y Repsol.
A cambio, YPF y Repsol se comprometen a pagar al Fideicomiso USD $287.5 millones cada uno, por un total de USD $575 millones, sin que ni YPF ni Repsol admita responsabilidad alguna. Este acuerdo, que está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deben cumplirse a lo largo de los meses venideros, procura resolver una disputa que ha estado en curso durante casi 20 años.
Asimismo, YPF y Repsol han firmado un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental ha acordado renunciar a todas las reclamaciones que pueda tener contra YPF o Repsol, en relación con las entidades Maxus, el Río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.
En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron un acuerdo con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU., y los Estados de Ohio y de Wisconsin, bajo el que las entidades gubernamentales se han comprometido a no presentar reclamaciones contra YPF y Repsol que sean parecidas a las reclamaciones ya presentadas por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus.