Los vecinos de Altamira continúan reclamando la clausura de la parcela 8, chacra 21, en la zona ZPA2, debido a la presencia de instalaciones pecuarias clandestinas que consideran un riesgo sanitario y ambiental. Cuentan con el patrocinio legal de la doctora Lía Dulevich y a pesar de haber recurrido a diversas instancias legales y administrativas, no han logrado una solución efectiva.
El problema comenzó durante la pandemia, cuando la parcela empezó a ser utilizada ilegalmente para la explotación pecuaria, incluyendo actividades de feed lot, cría de cerdos y almacenamiento en silos.
Las reclamaciones formales comenzaron en enero de 2022, cuando se presentó una queja ante el juzgado de faltas. Desde entonces, el caso ha pasado por múltiples organismos, incluyendo la Defensoría del Pueblo, SENASA, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Ambiente y el ADA.
Proceso legal y administrativo
El 5 de mayo de 2023, el juzgado de faltas local dictó una sentencia imponiendo una multa y ordenando el decomiso al infractor, quien apeló el fallo. Sin embargo, las actividades ilegales continuaron con la introducción de animales en junio, septiembre y diciembre de 2023, y en enero y febrero de 2024.
El 16 de mayo de 2024, la jueza Correccional, Dra. Bomaggio, confirmó la sentencia del año anterior. Mientras tanto, el expediente administrativo municipal 4476/2022 permanece en el despacho de la secretaría de Gobierno municipal desde julio de 2023 y se inició causa 326666/24 en Juzgado de Faltas. SENASA ha emitido informes indicando el riesgo sanitario-ambiental y los vecinos ha solicitado la clausura urgente de la parcela en consecuencia de ello.
En lo que hace a la actividad del Legislativo comunal, en torno a este tema hay un expediente (268/22) que está en la Comisión de Planeamiento.
Hasta ahora, todas las gestiones realizadas no han sido efectivas debido a la falta de acción contundente, como la colocación de la faja de clausura.
Reclamos continuos de los vecinos
Los vecinos han reiterado sus peticiones a las autoridades locales y organismos públicos para que se proceda con la clausura y erradicación de las instalaciones pecuarias clandestinas.
A pesar de esto, remarcan que el infractor ha continuado evadiendo los controles, trasladando bovinos a otras chacras, que tampoco permiten actividades pecuarias según la zonificación vigente.
La actividad ilegal no solo representa un incumplimiento de las normativas de zonificación, sino también un potencial peligro para la salud pública y el medio ambiente. Los vecinos, que dependen del agua subterránea, temen la contaminación de las perforaciones de agua potable. Exigen la clausura inmediata de las instalaciones clandestinas, la erradicación de las actividades ilegales y la remediación ambiental para asegurar su derecho a un ambiente sano.
Hasta ahora, todas las gestiones realizadas no han sido efectivas debido a la falta de acción contundente, como la colocación de la faja de clausura. Los vecinos de Altamira insisten en que no pueden conformarse con sentencias o informes de organismos que solo cuelgan en la pared y demandan acciones inmediatas y concretas para resolver el problema.
