Los martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Luis Colao, están intensificando su lucha contra las estafas inmobiliarias. Colao, flamante presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerenses, destacó que la institución «seguirá luchando» para evitar que los habitantes de la provincia sufran este tipo de problemáticas, trabajando en conjunto con los municipios, el Ejecutivo de Axel Kicillof, la Legislatura y las Universidades.
«Nosotros tenemos iniciadas más de un centenar de causas y más de una treintena de fallos, favorables y en contra, de los popularmente llamados agentes de las franquicias, de las que los dueños no son profesionales, y de las plataformas digitales que no se sabe quién está detrás. La Suprema Corte de Justicia avala lo que nosotros decimos», explicó Colao en diálogo con Diputados Bonaerenses.
A través de las 20 sedes departamentales del Colegio, se realizan capacitaciones constantes para garantizar la calidad del trabajo y proteger a los vecinos de las estafas que se han generalizado en la provincia. Colao señaló que «cada Colegio departamental trabaja en sus propias capacitaciones porque cada municipio tiene su propia realidad y complejidad. Esa es la esencia que nosotros queremos recuperar de ser bonaerense».
Actualmente, el Colegio tiene más de 60 ordenanzas que prohíben la actividad ilegal en los 135 municipios de la provincia. Además, Colao destacó la colaboración con los intendentes para establecer normativas adecuadas a cada problemática y la relación con los legisladores provinciales para generar mecanismos legales que permitan regular la actividad de manera más efectiva. Un proyecto en la Legislatura busca modificar la ley que regula la profesión.
El diputado bonaerense Rubén Eslaiman ha impulsado un proyecto que aborda la práctica ilegal de la profesión, con el apoyo del Ejecutivo provincial y de la Corte Suprema. La UNNOBA también está colaborando con el Colegio en la creación de una base de datos funcional para profesionales, legisladores y ejecutivos municipales y provinciales, con el objetivo de tomar decisiones de calidad en beneficio de los vecinos.
Colao enfatizó que contratar a corredores públicos y martilleros bonaerenses garantiza que la persona está «haciendo y ejerciendo la profesión de manera adecuada y sino tiene el control profesional, la potestad disciplinaria sancionatoria y demás de la violación que pueda cometer ante la ley».
