La diputada nacional Sabrina Selva, de Unión por la Patria, criticó con dureza al gobierno de Javier Milei luego de que se vetara la Ley de Movilidad Jubilatoria. A través de sus redes sociales, Selva expresó su indignación: “Tenemos un gobierno perverso y cruel que ajusta jubilados. Y tenemos diputados que vendieron su dignidad para garantizarlo. Que Dios, la Patria y los jubilados se lo demanden. Hay que ser muy cagones para no defender a los jubilados”.
Selva había trabajado intensamente junto con otros legisladores para lograr una fórmula jubilatoria que recuperara el poder adquisitivo de los jubilados. Según fuentes cercanas, Selva viene cultivando un buen vínculo con diputados de diferentes bloques, en particular con legisladores más jóvenes, buscando construir el consenso necesario para aprobar la ley. Sin embargo, un grupo de legisladores que inicialmente apoyaban la iniciativa cambió su postura, frustrando la posibilidad de mantener la norma.
El veto fue ratificado este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando el oficialismo, con apoyo de algunos aliados radicales, consiguió bloquear los dos tercios necesarios para rechazar la decisión del presidente Milei. En la votación, 153 diputados votaron a favor del veto, mientras que 87 se opusieron y 8 se abstuvieron. La oposición, que necesitaba 166 votos para rechazar el veto, quedó 13 votos por debajo.
La ley vetada
La ley en cuestión establecía un aumento del 8,1% en las jubilaciones, complementando el 12,5% otorgado en abril por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, con el objetivo de compensar la inflación del 20,6% registrada en enero, la más alta del año. Además, proponía una fórmula de movilidad para actualizar los haberes previsionales basada en la inflación, similar al DNU, y un incremento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año.
También incluía una garantía para que el haber mínimo se equiparara con el valor de la Canasta Básica Total, así como la obligación para la ANSeS de saldar deudas con provincias y beneficiarios con sentencia firme.
El gobierno, sin embargo, justificó el veto total argumentando que la ley no contemplaba su impacto fiscal ni la fuente de financiamiento necesaria para implementarla. El Poder Ejecutivo señaló que cumplir con la ley “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas”, y sostuvo que se necesitarían fuentes extraordinarias de financiamiento, como deuda pública o aumento de impuestos, para cubrir los costos.
Este veto y el giro de algunos legisladores generaron una fuerte crítica de Selva y su bloque, quienes venían buscando una mejora sustancial para los jubilados argentinos.
