El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su rechazo a un nuevo incremento en las tarifas de peaje, calificándolo de sorpresivo, abusivo e injustificado. En las cabinas de Olivera, en Ruta 5, el peaje está a 1.300 pesos y sigue aumentando mes a mes.
Este ajuste, que rige desde diciembre, eleva las tarifas entre un 23 % y un 25 %, siendo el cuarto aumento autorizado en 2024. Según el organismo, los incrementos acumulados durante el año alcanzan un 530 %, mientras que, desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, superan el 4.300 %.
En el caso de la Autopista Buenos Aires-La Plata, la tarifa para automóviles en hora pico ahora es de $4.000 por tramo, mientras que en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, que incluye la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, las tarifas también se incrementaron significativamente. Para los camiones de más de seis ejes, los costos superan los $24.000 por tramo.
El CONADUV denunció que los peajes han perdido su función como herramienta para financiar el mantenimiento de rutas y se han convertido en un «impuesto al tránsito». Afirmaron que los constantes ajustes tarifarios no tienen sustento técnico-económico y carecen de razonabilidad. Además, señalaron que la empresa concesionaria estatal AUBASA, junto al gobierno provincial, aplica estas medidas de forma arbitraria y sin transparencia, sin destinar los fondos recaudados a obras de infraestructura significativas.
Impacto económico en usuarios y transportistas
El documento destaca el fuerte impacto económico que estos aumentos generan:
■ Un automovilista que realiza 25 viajes mensuales entre CABA y La Plata en hora pico gastará cerca de $2.400.000 anuales solo en peajes.
■ Un camión de más de seis ejes que haga 20 viajes mensuales entre CABA y Mar del Plata destinará aproximadamente $36.720.000 anuales únicamente a este concepto.
Según el CONADUV, este sistema tarifario afecta tanto a usuarios directos como a toda la economía, incrementando los costos de transporte y los precios generales.
Críticas a la falta de control y transparencia
El comité remarcó la ausencia de un marco regulatorio que contemple la participación de los usuarios viales. Pese a los reiterados pedidos, los sucesivos gobiernos provinciales y la Legislatura bonaerense no han creado un ente regulador que garantice un control adecuado.
Además, cuestionaron la falta de caminos alternativos libres de pago y señalaron que el sistema actual resulta inconstitucional e inviable. Según la organización, la mayor parte de los fondos recaudados se destinan a los costos operativos de las estaciones de peaje y no al mantenimiento de las rutas.
El CONADUV hizo un llamado a las autoridades provinciales, incluida la Defensoría del Pueblo, para que tomen medidas concretas ante estos aumentos desmedidos y sus consecuencias negativas en los usuarios viales.
