El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) manifestó su rechazo a cualquier intento de desregulación en la actividad inmobiliaria, advirtiendo que esto podría aumentar la ilegalidad, facilitar fraudes y dejar a los ciudadanos desprotegidos en un contexto de creciente vulnerabilidad habitacional.
A través de un comunicado, la institución reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del control en el ejercicio de la profesión y la urgente actualización de la Ley 10.973, que regula la actividad de los martilleros y corredores públicos en la provincia. Según sostienen, su propuesta legislativa, presentada en la Legislatura bonaerense, apunta a modernizar la normativa en función de las nuevas tecnologías y reforzar la profesionalización del sector con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto a los operadores inmobiliarios como a los clientes.
Desde el Colegio señalaron que la proliferación de estafas a través de redes sociales, muchas veces impulsadas por actores sin formación ni matriculación habilitante, genera una situación riesgosa para quienes buscan alquilar o comprar una vivienda. En este sentido, destacaron la necesidad de fortalecer la intermediación con profesionales matriculados como una garantía para los ciudadanos.
Señalaron que la proliferación de estafas a través de redes sociales, muchas veces impulsadas por actores sin formación ni matriculación habilitante, genera una situación riesgosa para quienes buscan alquilar o comprar una vivienda.
«Desregular es como encerrar al lobo dentro del gallinero», advirtieron desde Martilleros BA, al considerar que la flexibilización de la normativa implicaría un retroceso en materia de transparencia y seguridad jurídica.
Según explicaron, la intervención de corredores matriculados permite evitar fraudes y abusos que afectan a miles de familias que buscan acceder a un hogar o mejorar sus condiciones de alquiler.
El comunicado, firmado por Luis Eusebio Colao, presidente de Martilleros BA, concluye con un llamado a las autoridades para que rechacen cualquier iniciativa de «desregulación» o modificación de la legislación que pueda debilitar la actividad profesional y exponer a la ciudadanía a mayores riesgos.
