El concejal del Frente Renovador dentro del bloque Frente Unión por la Patria, Diego Gerdo, expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que afectan las pensiones no contributivas y la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades terminales. El edil sostuvo que existe «un plan sistemático para atacar el sistema de salud pública» impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.
Gerdo señaló que la situación se agravó a partir del decreto 843/24, que dispuso la revisión de los requisitos para acceder a pensiones no contributivas, estableciendo que los beneficiarios deben acreditar un 66% de incapacidad laboral. «Lo primero que hace esta administración es dudar de todo. Ya lo vimos con la Dirección de Asistencia Directa para los medicamentos de alto costo, donde suspendieron las prestaciones, la auditoría dio perfecta y tardaron 11 meses en rehabilitar el servicio», afirmó.
«Lo primero que hace esta administración es dudar de todo. Ya lo vimos con la Dirección de Asistencia Directa para los medicamentos de alto costo, donde suspendieron las prestaciones, la auditoría dio perfecta y tardaron 11 meses en rehabilitar el servicio»
El concejal también cuestionó que la Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de emitir los certificados médicos oficiales, exige que el solicitante demuestre que no puede ser asistido por familiares o cónyuge para acceder a la pensión. «Con la situación económica que vivimos, es imposible que una familia pueda sostener a una persona con discapacidad sin la ayuda del Estado», expresó.
Además, Gerdo destacó que las nuevas reglamentaciones incluyen la verificación patrimonial de los solicitantes, lo que podría excluir a personas que hayan adquirido una vivienda o vehículo con esfuerzo propio antes de quedar invalidadas. «Si alguien se compró un auto o logró hacerse una casa trabajando y después se enfermó, ¿le sacan el derecho por tener un auto? Es realmente aberrante», criticó.
El concejal también denunció la suspensión en la compra de opioides como morfina y metadona para el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, lo que afecta a pacientes con enfermedades terminales. «El cáncer es una de las principales causas de muerte, y hoy este plan quedó sin capacidad operativa con solo dos de sus ocho integrantes originales», advirtió.
Para Gerdo, estas medidas son parte de un ajuste que afecta a los sectores más vulnerables y no son casuales ni inocentes. «Es simplemente seguir quitando derechos», concluyó e indicó además que en este sentido también fue notoria la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada en el Boletín Oficial en enero, que estableció una nueva normativa para la evaluación médica de invalidez en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral con una cuestionada terminología que incluye expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual.
