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Titular de ARBA exigió poner límites a la violencia institucional y repudió la represión policial

Cristian Girard. Director Ejecutivo de ARBA. foto: Eva Cabrera

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, manifestó su enérgico repudio a la violenta represión policial desatada durante la manifestación de jubiladas y jubilados que tuvo lugar ayer frente al Congreso Nacional. En el operativo, que fue desplegado por fuerzas federales bajo las órdenes del Gobierno nacional, resultaron detenidas más de 150 personas y un fotógrafo sufrió graves heridas por la acción de la Policía.

«Lo que presenciamos es gravísimo. Escuchar a efectivos de seguridad gritar ‘vengan zurdos’ mientras disparaban para reprimir a jubiladas y jubilados que reclamaban pacíficamente por sus derechos no solo es una afrenta a la democracia, sino que revela una escalada autoritaria preocupante», sostuvo Girard en su cuenta de X. En ese sentido, reclamó que «es urgente poner un límite a esta escalada de violencia institucional».

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof también repudió la represión: «La represión que se vivió fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste. Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia». Y remarcó: «Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario».

Tanto Kicillof como Girard coincidieron en que la violencia desatada responde a una política sistemática que el Gobierno nacional despliega para imponer un ajuste económico que afecta a los sectores más vulnerables. «El peronismo tiene la responsabilidad histórica de actuar con firmeza y unidad para garantizar la paz social y evitar que esta locura siga avanzando», subrayó Girard.

La protesta de las y los jubilados se había organizado en reclamo de una actualización en sus haberes, debido al deterioro de su poder adquisitivo frente a la inflación. La violenta respuesta policial generó un repudio generalizado de amplios sectores políticos, sindicales y de derechos humanos.