En el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas cuestionó lo que calificaron como una «miseria planificada», en referencia a las políticas actuales que, según indicaron, repiten algunos de los rasgos de la economía social implementada por la dictadura cívico-militar que usurpó el poder en Argentina entre 1976 y 1983.
La encargada de leer el documento oficial fue Patricia Bojorge, quien en representación de la Comisión expuso un texto de fuerte contenido histórico y social, en el que se realizó un repaso por las luchas sostenidas por los organismos de derechos humanos desde la época de la dictadura hasta la actualidad.
Entre los puntos destacados del documento, se recordó que «durante los años de dictadura, familiares de las personas desaparecidas y sectores de la sociedad civil desafiaron el terror dictatorial y se organizaron para denunciar los crímenes».
También se subrayó que, con el retorno de la democracia, las banderas de «Juicio y Castigo» lograron articularse con el Estado y dieron lugar a conquistas históricas como el «Nunca Más» y el Juicio a las Juntas, considerados «un piso ético fundamental para la reconstrucción de la vida democrática».
En el presente, el documento advirtió sobre la preocupación que genera «el avance de discursos negacionistas y divisionistas» que, según indicaron, buscan «instalar en el imaginario social un sustento favorable que les permita profundizar el cercenamiento de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia». En ese sentido, se denunció el desmantelamiento de organismos dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el despido masivo de trabajadores vinculados a los Espacios de la Memoria, archivos y museos.
«Estas medidas arbitrarias son decisiones dirigidas a desarticular las políticas de verdad, justicia y memoria, que son un deber ineludible del Estado en materia de reparación pública, ya que fue el propio Estado el responsable directo de miles de crímenes de lesa humanidad en nuestro país», sostuvo el documento. Además, se alertó que «los despidos progresivos son una estrategia sostenida de negación de los deberes básicos del Estado de derecho» y que el «incumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes vigentes» ponen en riesgo la garantía de no repetición de los crímenes cometidos durante la última dictadura.
«Lo que estamos viviendo no es otra cosa que la miseria planificada»
En un pasaje del discurso, se reafirmó la importancia de los Espacios de la Memoria como «prueba material de lo ocurrido, reparación simbólica para las víctimas y lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y de la democracia». En ese sentido, se recordó la vigencia de la Ley Nacional 26.691/11, que obliga al Estado a preservar «los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio».
Finalmente, el documento alertó sobre la situación socioeconómica actual, al señalar que «el gobierno nacional acompaña todas estas políticas de avasallamiento de derechos y conquistas y promueve condiciones para el desarrollo de una situación de extrema vulnerabilidad». En ese sentido, denunciaron que «se niega a aportar alimentos a los comedores barriales, cierra espacios de asistencia para personas en situación de riesgo, despide trabajadores y desfinancia ámbitos de la salud, la educación y la investigación científica».
«Lo que estamos viviendo no es otra cosa que la miseria planificada», concluyó el documento, llamando a la ciudadanía a «defender las políticas de memoria, verdad y justicia como pilares fundamentales de la democracia».
