La empresa Bicontinentar enfrenta actualmente más de 60 demandas por parte de trabajadores despedidos, debido al incumplimiento sistemático de convenios de pago de indemnizaciones. La situación ha generado una profunda preocupación entre los damnificados y pone en evidencia prácticas empresariales que resultan, cuanto menos, cuestionables.
Uno de los casos más recientes ocurrió este lunes, cuando una trabajadora fue despedida poco después de ser madre. Según relataron, se le ofreció una indemnización agravada, a cobrar en 12 meses, por un monto de 19 millones de pesos. Sin embargo, lejos de cumplir con lo pactado, la empresa la llevó —junto a otros operarios— a una escribanía a certificar convenios sin contar con asesoramiento legal, y finalmente se les abonó una suma muy inferior a la acordada.
Es importante señalar que los convenios firmados entre empresas y trabajadores tienen validez legal y deben cumplirse en los términos establecidos. En el caso de Bicontinentar, los acuerdos celebrados en 2024 contemplaban pagos en cuotas —mayoritariamente a seis meses—, pero la empresa ha incumplido reiteradamente, dejando a los empleados sin recursos y con múltiples compromisos económicos insatisfechos.
Se inició una serie de demandas ejecutivas ante el Tribunal de Trabajo, presentando convenios homologados o acuerdos firmados, junto con pruebas del incumplimiento: notificaciones fehacientes, recibos incompletos, informes bancarios y comunicaciones formales.
Ante esta situación, se ha iniciado una serie de demandas ejecutivas ante el Tribunal de Trabajo, presentando convenios homologados o acuerdos firmados, junto con pruebas del incumplimiento: notificaciones fehacientes, recibos incompletos, informes bancarios y comunicaciones formales. Una vez que el tribunal admite la ejecución, ordena el pago inmediato bajo apercibimiento de aplicar medidas coercitivas.
Dado que cada convenio establece montos y plazos diferentes, se han iniciado ejecuciones individuales para cada trabajador. Al no obtener respuestas por parte de la empresa ante las intimaciones previas, se ha solicitado la traba de embargos sobre cuentas bancarias y otros activos de Bicontinentar ubicados en el Parque Industrial de Chivilcoy, con el fin de garantizar el cobro de las deudas laborales.
La preocupación principal radica en el riesgo de insolvencia de la firma, que podría impedir que los trabajadores cobren lo que les corresponde. Sin embargo, la empresa no ha logrado acceder a un procedimiento preventivo de crisis —lo cual hubiera permitido abonar las indemnizaciones al 50%—, debido a que no presentó la documentación que acredite tales pérdidas. Esto indicaría que su situación financiera es delicada, pero no terminal, como intentan hacer ver. Prueba de ello es que la firma continúa invirtiendo en costosas campañas publicitarias en medios nacionales.
Gracias a herramientas como los informes del Banco Central y bases de datos públicas, se están identificando bienes embargables: cuentas bancarias en las que la empresa recibe pagos de clientes, y eventuales créditos comerciales con proveedores o distribuidores. Una vez ordenado el embargo, se libra oficio a los bancos para que congelen los fondos hasta cubrir los montos adeudados.
Frente a esta realidad, los abogados que patrocinan a los trabajadores recomiendan actuar con celeridad, ya que no son pocas las empresas que, ante situaciones similares, intentan desviar activos para eludir sus responsabilidades.
