La diputada nacional Sabrina Selva lanzó una dura crítica al gobierno nacional por avanzar en la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), alertando sobre la pérdida de derechos fundamentales para millones de argentinos. En diálogo con Cynthia García por AM750, la legisladora fue contundente: “El agua no es una mercancía. Es un derecho garantizado por la Constitución Nacional”.
Durante la entrevista, Selva explicó que el Ejecutivo está impulsando la privatización de AySA a través de dos decretos, uno de los cuales, el Decreto 493, calificó como “totalmente nulo e inconstitucional”. Según la diputada, esta medida avasalla el marco regulatorio del servicio de agua y saneamiento vigente en el país, y vulnera no solo la ley, sino también fallos de la Corte Suprema de Justicia que impiden cortes de suministro por parte de empresas prestatarias.
“El decreto habilita que se pueda cortar el suministro de agua potable, lo cual está prohibido por nuestra Constitución y por la doctrina de la Corte”, denunció Selva.
La legisladora advirtió además que el decreto modifica aspectos centrales como el cuadro tarifario y los requisitos regulatorios establecidos por la Ley 26.221, ley convenio firmada en 2006 y ratificada en 2007 por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha norma, recordó, garantiza el acceso al agua y al saneamiento como servicios públicos esenciales y no susceptibles de ser regidos por la lógica del mercado.
“El decreto habilita que se pueda cortar el suministro de agua potable, lo cual está prohibido por nuestra Constitución y por la doctrina de la Corte”
Uno de los puntos más polémicos señalados por Selva es que, pese al discurso privatizador, el gobierno estaría avanzando en entregar AySA a una empresa estatal del Estado de Israel. “Es paradójico: hablan de privatizar pero quieren ceder el control del agua a otra empresa estatal, pero extranjera. Es el colmo de la entrega de soberanía”, afirmó.
AySA presta servicios a más de 16 millones de personas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con 22.000 km de red de agua potable y 16.000 km de red cloacal. En ese sentido, Selva remarcó la gravedad de desregular un servicio de esa magnitud y trascendencia.
“Este gobierno tiene una visión nefasta y entreguista de nuestros recursos naturales. Y en este caso, no solo estamos hablando de un recurso, sino de un derecho humano básico: el acceso al agua y al saneamiento”, sostuvo.
Finalmente, la diputada llamó a la ciudadanía a defender el derecho al agua como parte de una lucha más amplia por la soberanía y la dignidad: “Le están rifando el acceso al agua a millones de argentinos. Y eso es inaceptable”.
