La Justicia de Garantías de Mercedes decretó la elevación a juicio oral y público de la causa penal contra los directivos de Sigma Agro, Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller, a quienes se considera presuntos responsables del desastre tóxico ocurrido en septiembre de 2019.
Esta decisión, formalizada el pasado 2 de octubre por el Juez Patricio Arrieta, marca un avance significativo en la búsqueda de responsabilidades tras la explosión, incendio y derrame de un millón de litros de agrotóxicos que provocó la muerte de un trabajador y uno de los mayores desastres ambientales del país.
La investigación determinó que Sigma Agro «operó clandestinamente» sin contar con la habilitación ambiental para funcionar ni los controles efectivos necesarios, evadiendo la intervención de autoridades municipales y del OPDS
El Juez Arrieta fundamentó su resolución en la «inobservancia grave de los deberes legales» por parte de los directores.
La investigación determinó que Sigma Agro «operó clandestinamente» sin contar con la habilitación ambiental para funcionar ni los controles efectivos necesarios, evadiendo la intervención de autoridades municipales y del OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).
El magistrado imputó a los directivos por incumplir el procedimiento de habilitación y, crucialmente, por la remediación incompleta del sitio contaminado. Según la resolución, estas omisiones encuadran en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley 24.051), que castiga a quienes «manifiestamente infringieren los deberes» y generan «peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública».
Las omisiones posteriores al siniestro, especialmente en las obligaciones de recomposición, han impedido determinar con precisión la magnitud y extensión de la contaminación en suelos, recursos hídricos y el medio ambiente en general, manteniendo un riesgo latente para la salud pública.
A seis años del siniestro, la estela de muerte dejada por los agrotóxicos derramados sigue siendo claramente visible, impidiendo el crecimiento de la vegetación en su camino hacia dos lagunas que nutren el arroyo Balta, un afluente clave del Río Luján. Subsisten graves interrogantes sobre el alcance de la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas en una importante zona de producción hortícola en La Verde y aledaños del Partido de Mercedes.
Mientras se avanza en la esfera penal, se mantiene la preocupación por la lentitud de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mercedes.
La causa civil, que debe decidir sobre el proceso de remediación ambiental de la zona afectada, lleva más de seis meses sin resolución. Las organizaciones intervinientes, a través de sus abogados, exigen una pronta decisión en sede civil, utilizando la amplitud probatoria que la materia ambiental requiere, para lograr la Justicia plena en este caso, convertido en un símbolo de las consecuencias del modelo agrotóxico.
Los antecedentes del Desastre Ambiental en «La Verde»
El proceso judicial que hoy acerca a juicio oral a los directivos de Sigma Agro se origina en un catastrófico siniestro ocurrido en la madrugada del viernes 27 de septiembre de 2019 en la planta de elaboración y distribución de agroquímicos de la empresa, ubicada en el paraje La Verde, partido de Mercedes.
Todo comenzó en la madrugada del 27 de septiembre de 2019, en dependencias de la planta de Sigma Agro en Ruta 42, Paraje La Verde, Mercedes. Una explosión de gran magnitud desató un incendio de proporciones gigantescas. El fuego fue combatido por once dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes y localidades vecinas (Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles) y tardó alrededor de 12 horas en ser extinguido. Un trabajador, Rubén Ponce (42 años), que se encontraba en las inmediaciones, cayó en una zanja con líquidos derramados a raíz del incendio. Sufrió quemaduras de importancia en el 40% de su cuerpo y, tras permanecer internado una semana, falleció a causa de las heridas.
Se estima que el siniestro provocó el derrame de más de un millón de litros de agrotóxicos (incluyendo glifosato, paraquat y atrazina, entre otros). Las sustancias se escurrieron, afectando la vegetación, el suelo y alcanzando lagunas y el arroyo Balta, afluente del Río Luján, generando un riesgo de contaminación en una importante zona hortícola.
Posteriormente, la investigación penal constató que la empresa operaba de manera clandestina, sin contar con la habilitación ambiental adecuada ni los controles efectivos necesarios, a pesar de manipular productos altamente peligrosos.
Este desastre no solo dejó una víctima fatal y un daño ambiental de «estela de muerte» visible y persistente, sino que también puso en evidencia la supuesta negligencia empresarial y la falta de control por parte de las autoridades competentes, marcando el inicio de la causa penal que hoy llega a su instancia de juicio oral.
