Un importante conflicto gremial que afecta a los ex trabajadores de la tradicional empresa láctea La Suipachense, vecina de esta ciudad, recrudeció hoy en Mercedes con una nueva movilización frente a las puertas del Juzgado N° 7.
Los manifestantes, encabezados por el gremio ATILRA y con el apoyo de otros sindicatos, cumplen más de 60 días de acampe sin obtener una resolución judicial definitiva sobre el futuro de la compañía.
Mario Nelch, Secretario Adjunto de ATILRA, confirmó a este medio que la jornada de hoy se centra en una audiencia crucial con los principales actores de la causa: los acreedores chilenos —identificados como los máximos interesados—, el propio gremio y el síndico del concurso de la empresa.
«Vinimos a una audiencia con los venezolanos, los máximos acreedores que son los chilenos, el gremio que somos nosotros y el síndico del concurso de la empresa,» declaró Nelch, tras una audiencia anterior diez días atrás que no arrojó resultados.
Los trabajadores, que llevan 60 días sin actividad laboral, mantienen expectativas claras: el cese de la intervención del grupo actual. «Nuestras expectativas son que esta gente que vino a reventar la empresa se vaya una vez por todas y le ceda la empresa a la gente que realmente la quiere levantar y quiere trabajar en ella,» manifestó el dirigente gremial. Nelch indicó que la confianza con los actuales interesados está rota y que la única salida viable es que «la agarre alguien que realmente quiere trabajar».
Nelch indicó que la confianza con los actuales interesados está rota y que la única salida viable es que «la agarre alguien que realmente quiere trabajar».
El conflicto laboral se enmarca en un contexto más amplio, según Nelch, quien señaló antecedentes con el grupo inversor: «Este grupo MARALAC ya lo ha hecho antes, la fábrica ARSA, Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, que ya la concursaron y la quebraron y quieren hacer lo mismo con esta.» Por ello, los afectados perciben la situación como el resultado de un posible ilícito: «Exactamente, esta gente viene a romper con todo y bueno nosotros estamos hace 60 días tratando de impedir eso.»
La movilización, que contó con la adhesión de trabajadores de gremios locales como AEFIP y la CGT Regional se extiende durante la jornada a la espera de que el juez de la causa emita alguna definición que ponga fin a la incertidumbre de las familias afectadas.
