
En un escenario de creciente tensión por el rumbo de las políticas nacionales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió esta tarde a las comisiones ejecutivas de la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores.
El encuentro tuvo como propósito central analizar el impacto de los proyectos de ley impulsados por la gestión de Javier Milei, con especial preocupación por la reforma laboral, a la cual definieron como una ofensiva estructural contra la clase trabajadora.
Las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores mantuvieron un encuentro clave con el gobernador bonaerense. Denunciaron que la iniciativa oficialista busca «destruir la organización colectiva» y acordaron una agenda de intervención política hacia 2026.
Durante la reunión, las centrales obreras y el Ejecutivo provincial coincidieron en que el contexto de la reforma es el de un país con el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina. Los referentes sindicales señalaron que los ingresos de la población disminuyen al ritmo de la precarización laboral, dejando a millones de hogares en una situación de endeudamiento crónico para poder cubrir sus necesidades básicas.
Estrategia política y unidad del campo popular
Frente a este diagnóstico, se estableció la necesidad de coordinar acciones en diversos frentes:
* Intervención institucional: Se acordó trabajar de manera articulada en el Congreso Nacional junto a los gobernadores para frenar el avance de las iniciativas oficiales.
* Participación popular: Las partes ratificaron que la presencia en las calles es la clave para revertir el actual rumbo económico.
* Horizonte político 2026: Se analizó la necesidad de construir alternativas confiables para convocar a los millones de argentinos que no participaron en los últimos comicios, abordando el descontento social con el pueblo como protagonista central.
La reunión, encabezada por los secretarios generales Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), concluyó con el compromiso de ambas centrales de ampliar y fortalecer la unidad del campo popular. Las organizaciones calificaron las medidas del gobierno nacional como un intento directo de debilitar las herramientas de organización sindical del país.


























