El conflicto por los costos de tránsito en la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su enérgico rechazo a los recientes incrementos en las tarifas de peaje, calificando el esquema actual como un «falso peaje» que vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos y carece de contraprestación real en las rutas.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) criticó con dureza los recientes aumentos de AUBASA, calificando el sistema de «inviable» y denunciando la falta de inversión en las rutas provinciales
Según la entidad, los reclamos presentados ante la Legislatura bonaerense, el Gobierno Provincial y la Defensoría del Pueblo han sido sistemáticamente ignorados. Desde la organización sostienen que los usuarios se encuentran «esquilmados» por un sistema que consideran una doble imposición, dado que los conductores ya contribuyen al mantenimiento vial a través de otros impuestos específicos.
Un sistema bajo la lupa judicial y técnica
El eje de la denuncia radica en la naturaleza del cobro. Para el CONADUV, el régimen vigente es inconstitucional debido a dos factores principales:
* Falta de alternativas: La ausencia de caminos laterales libres de pago obligatorios por ley.
* Ineficiencia operativa: Aseguran que la mayor parte de la recaudación se destina a sostener el costo operativo de las estaciones de cobro y la estructura de la empresa estatal AUBASA, en lugar de volcarse a mejoras de infraestructura.
«Es un sistema injusto por tratarse de un esquema abierto donde unos pagan y otros no, de acuerdo al tramo transitado, y donde lo que se recauda no llega al camino», señalaron fuentes de la entidad.
Críticas a la gestión de AUBASA
La crítica no solo apunta al valor del pase, sino a la viabilidad técnica del modelo. El organismo de defensa vial sostiene que el bajo caudal de tránsito en ciertos corredores hace que el costo de mantener las cabinas de peaje consuma los ingresos que deberían ser destinados a obras de pavimentación, banquinas y señalización.
Ante este panorama, el CONADUV reiteró la necesidad de que los organismos de control y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires intervengan para frenar lo que consideran un atropello a los derechos de los usuarios viales, quienes denuncian que sus reclamos no han sido contemplados en ninguna de las instancias gubernamentales ni legislativas hasta la fecha.
