Raúl Antonio Guglielminetti, exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 y uno de los rostros más visibles del aparato represivo de la última dictadura militar, falleció el miércoles a los 84 años.
El deceso se produjo en su propiedad de la ciudad de Mercedes, donde se encontraba bajo una autorización judicial de carácter temporal por razones de salud.
Guglielminetti, conocido por el alias de «Mayor Guastavino», fue una figura central en el engranaje del terrorismo de Estado en la Argentina.
Su fallecimiento cierra una biografía marcada por el espionaje, múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad y una trayectoria que osciló entre el poder en las sombras y la reclusión en cárceles comunes.
Guglielminetti se encontraba cumpliendo penas de prisión perpetua en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, el pasado 26 de septiembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 le otorgó una autorización para trasladarse a su domicilio en Mercedes para recibir cuidados por parte de su familia, debido al deterioro de su estado físico.
Su vínculo con esta localidad bonaerense no era nuevo: a lo largo de las décadas, diversas investigaciones judiciales señalaron su propiedad en Mercedes como un lugar de refugio y, en ocasiones, como sitio de hallazgo de armamento y explosivos durante sus periodos como prófugo de la justicia en los años 80 y 90.
La carrera de Guglielminetti comenzó en los años 60 como agente civil de inteligencia. Durante la dictadura, actuó en centros clandestinos de detención emblemáticos como «Automotores Orletti» y fue pieza clave en el Plan Cóndor, coordinando operaciones represivas en el exterior, especialmente en Centroamérica.
Con el retorno de la democracia en 1983, protagonizó uno de los episodios más polémicos de la época al filtrarse imágenes suyas cumpliendo funciones de custodia del entonces presidente Raúl Alfonsín, lo que forzó su salida y posterior huida del país. A lo largo de los años, también estuvo vinculado a bandas de secuestros extorsivos y fue investigado en diversas causas por delitos comunes, incluyendo estafas y sospechas en el secuestro de Mauricio Macri en 1991.
Desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, Guglielminetti acumuló numerosas sentencias. Fue condenado por homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos en circuitos represivos que incluyeron la Superintendencia de Seguridad Federal y el área de Neuquén.
Hasta sus últimos momentos, los organismos de derechos humanos señalaron su negativa a aportar información sobre el destino de los desaparecidos o el paradero de los niños apropiados, manteniendo lo que los querellantes definieron como un estricto «pacto de silencio» hasta el día de su muerte.
