En el marco del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, la legisladora Sabrina Selva (Unión por la Patria) solicitó formalmente la implementación de un cronograma de audiencias públicas federales para abordar la reforma de la Ley de Glaciares.
La diputada fundamentó su pedido en la necesidad de garantizar que los ciudadanos de todas las provincias, cuyas cuencas hídricas podrían verse perjudicadas, tengan voz en un debate que considera vital para la soberanía del agua en Argentina.
Selva, quien posee un perfil técnico y político consolidado en materia ambiental gracias a su experiencia previa en la estructura de Parques Nacionales, enfatizó que la discusión no debe limitarse al ámbito científico, sino que debe incluir a las poblaciones locales y organizaciones civiles.
“No se puede arrancar una discusión cercenando la participación”, sentenció la legisladora, subrayando que el agua es el recurso más importante de los argentinos.
Sustento legal y antecedentes
La propuesta presentada por la diputada se basa en el Artículo 114 bis de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, marcos normativos que obligan al Estado a garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en temas ambientales.
Durante su alocución, Selva recordó que las audiencias federales cuentan con antecedentes exitosos en el Congreso, citando debates históricos como el de la Ley de Medios.
En este sentido, instó a sus pares a mostrar «voluntad política» para que la comisión se traslade a las regiones o provincias involucradas si fuera necesario: «Tenemos que garantizar que los ciudadanos argentinos de todas las provincias que ven perjudicadas sus cuencas hídricas puedan tener voz en este debate. La audiencia tiene que ser pública y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas que están en juego».
Propuesta de reglamento
Ante el planteo de otros bloques que sugieren una audiencia simple, Selva puso a consideración un reglamento específico que habilite una participación real y efectiva.
La legisladora insistió en que, si bien se pueden establecer límites de tiempo para la organización de las jornadas, el número de días necesarios (sean cinco, diez o más) no debe ser un obstáculo para asegurar que cada sector interesado pueda realizar sus aportes antes de cualquier dictamen.
