En una jornada que quedará marcada por la profundidad de las definiciones vertidas, la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados de Mercedes presentó durante el acto por el Día de la Memoria un documento que funcionó como una radiografía histórica y una advertencia sobre el presente.
A continuación, los ocho ejes centrales de la proclama leída por Patricia Bojorge en la Plaza San Martín:
1. La gestación del terror: 1975 como laboratorio
El discurso rechazó la idea del golpe como un acto espontáneo, situando su origen en 1975.
Según el documento, ese año funcionó como la «antesala de la represión» con un plan de «depuración ideológica» que preparó el terreno para el 24 de marzo de 1976.
Se denunció que el Estado se convirtió en terrorista desde las sombras mucho antes de la toma formal del poder.
2. Complicidad civil y andamiaje institucional
Bojorge fue taxante al señalar que los militares no actuaron solos. El documento apuntó a los «grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros», a los comunicadores sociales que gestaron condiciones subjetivas de aceptación y a la jerarquía católica.
Además, denunció cómo hospitales, escuelas, universidades e iglesias funcionaron como «soporte y andamiaje del plan criminal».
3. La «Miseria Planificada» como objetivo económico
Vinculando el pasado con el presente, la Comisión citó la frase de Rodolfo Walsh para describir el plan de Martínez de Hoz, comparándolo con el modelo neoliberal actual.
«Ayer fue para destruir a una generación y sus ideales de cambio; hoy es para entregar nuestra soberanía. El hambre no es un error de cálculo: es miseria planificada», sentenció el texto, denunciando la destrucción del aparato productivo nacional en ambos periodos.
4. La «Cultura del Odio» y la dominación gramsciana
Utilizando conceptos de Antonio Gramsci, el discurso analizó la coyuntura de 2026. Definió la «cultura del odio» como una herramienta estratégica del gobierno para facilitar el ajuste mediante la deshumanización del adversario.
«La deshumanización del otro sustituye el debate de ideas por agresiones y términos denigrantes como ‘orcos’, ‘zombis’ o ‘cavernícolas’… buscando despojar de legitimidad a cualquier disenso».
5. Advertencia sobre la «Filosofía del Sometimiento»
Bojorge hizo un llamado a la sociedad mercedina a encender las alertas frente a lo que denominó la «filosofía del sometimiento».
Denunció una construcción social donde se rompen los lazos y priman lógicas individualistas y despolitizantes que buscan imponer un «dominio ideológico voluntario» bajo la aceptación de la intolerancia como norma.
«La Senadora Patricia Bullrich lleva adelante una reivindicación explícita del negacionismo bajo el eufemismo de ‘memoria completa’… nosotros recordamos que el Terrorismo de Estado planificó la invisibilidad con la figura del desaparecido aspirando al silencio absoluto»
6. Rechazo al negacionismo y la «Memoria Completa»
El documento fustigó duramente la narrativa oficial que intenta equiparar el genocidio estatal con la resistencia política de los 70.
«La Senadora Patricia Bullrich lleva adelante una reivindicación explícita del negacionismo bajo el eufemismo de ‘memoria completa’… nosotros recordamos que el Terrorismo de Estado planificó la invisibilidad con la figura del desaparecido aspirando al silencio absoluto».
7. Geopolítica: El rechazo al conflicto con Irán
En un tramo de alcance internacional, la Comisión criticó el alineamiento del presidente Milei con Trump y Netanyahu.
Denunció que el ataque bélico contra la República Islámica de Irán iniciado el 28 de febrero de 2026 es una ofensiva imperialista por recursos energéticos.
Exigieron que Argentina recupere su neutralidad histórica y respete la autodeterminación de los pueblos.
8. La vigilancia perpetua contra el olvido
El cierre del manifiesto reafirmó que la memoria no es un ejercicio nostálgico, sino una «herramienta de transformación».
Exigieron la preservación de los sitios de memoria y cárcel común para los genocidas, concluyendo con el reclamo histórico: «Son 30.000 y que nos digan dónde están. Tenemos más de 30.000 razones para defender la Democracia y el Estado de Derecho».
EL DISCURSO COMPLETO
“Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”
Hoy, 24 de marzo, nos convoca la Memoria, estamos aquí reunidos para recordar el día más oscuro y fatídico de nuestra historia reciente, el día en que un Golpe de Estado marcó el inicio de la dictadura más violenta que se instauró en la Argentina, con el accionar conjunto de las tres Fuerzas Armadas encabezadas por los genocidas Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti y Emilio Eduardo Massera. Ese día, el Estado se convirtió en terrorista, y desde las sombras del poder instaló un régimen represivo de alcance nacional que sumió a nuestro país y lo sometió a sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
Abordar ese pasado reciente que marcó a fuego a la sociedad argentina es un compromiso ineludible, que nos lleva a revisar cómo se gestaron previamente las condiciones, que actuaron como la antesala del horror:
La irrupción del Terrorismo de Estado en la Argentina no fue un hecho aislado, ni espontáneo, sino una acción planificada de exterminio. Esta maquinaria de violencia se tramó pieza por pieza, mucho antes del 24 de marzo de 1976, con la ejecución de una estrategia de persecución que ya era evidente en 1975, año en que se generaron las condiciones y funcionó como la antesala de la represión con la aplicación de un plan de depuración ideológica, que no conoció límites. Así, sobre un escenario montado, en donde se combinaron la crisis económica y la violencia política, se instaló un sistema de represivo tanto legal, como ilegal, que operó con la detención de dirigentes políticos y sindicales, con amenazas sistemáticas a intelectuales y militantes notorios y con asesinatos ejemplificadores, acciones que fueron ejecutadas por grupos parapoliciales y paramilitares, con el claro objetivo de instalar las estructuras de terror, generar un clima de vulnerabilidad e indefensión, institucionalizar el miedo y construir un escenario indispensable ante la opinión pública, que justificara la ejecución del plan macabro que vendría después.
Recordar este proceso es condición necesaria para comprender que la dictadura no sólo necesitó de las armas, sino de una degradación previa del Estado de derecho, preparando el camino propicio que continuaría con un brutal genocidio.
El Golpe de Estado cívico – militar contó también con el apoyo y la complicidad de importantes sectores civiles: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; los comunicadores sociales afines, que gestaron las condiciones subjetivas para que la sociedad aceptara su irrupción como única alternativa para salir de la crisis, la jerarquía católica y ciertos dirigentes políticos y sindicales que claramente no se pronunciaron en su contra.
El 24 de marzo de 1976, el gobierno de facto anunció la supresión del Estado de Derecho y dio a conocer sus primeras medidas ilegales y autoritarias: estableció la pena de muerte para delitos de orden públicó, decretó el estado de sitio, disolvió e intervino los poderes ejecutivos de la Nación y de las provincias, el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, cesó en sus funciones a las Cortes de Justicia de la Nación y de las Provincias, proscribió el funcionamiento de los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y suprimió las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
El Terrorismo de Estado se valió de las estructuras logísticas y de los recursos públicos, para garantizar el éxito de su plan criminal. Utilizó el dinero, las armas, las fuerzas de seguridad, las cárceles, los juzgados, los registros civiles, los hospitales, las escuelas, las universidades, las iglesias, las morgues y los cementerios; instituciones que funcionaron como soporte y andamiaje de su plan criminal. Se propuso como objetivo eliminar a los adversarios políticos, pero también disciplinar y amedrentar a la sociedad para quebrar los lazos sociales.
La violencia ejercida contra la población civil, se extendió desde 1976 hasta 1983 y se articuló en torno a los más de 700 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que se instalaron en distintos lugares del país y funcionaron como verdaderos “campos de concentración” o sitios de reclusión, donde llevaban a las personas secuestradas en operativos ilegales realizados por las conocidas “patotas” o “grupos de tareas”.
Además de la violencia, ejercida por fuera de todo marco legal, se implementaron otras acciones represivas contra la población civil como la prisión política en cárceles comunes, la persecución, la censura, la vigilancia y el exilio obligado.
El destino de los secuestrados fue la tortura sistemática y prolongada, práctica que se les aplicó para arrancarles información, quebrar la resistencia, degradarlos, llevarlos a situaciones límites y destruir su integridad. Las víctimas fueron sometidas así a todo tipo de castigos físicos y psicológicos, permaneciendo inmovilizadas, encapuchadas, esposadas, mal alimentadas, sin servicios sanitarios y aisladas de todo vínculo con el mundo exterior.
Para la mayoría de los detenidos – desaparecidos mantenidos en cautiverio, el destino final fue el “traslado”, eufemismo que equivalía a su “ejecución”: fusilamientos, pseudos enfrentamientos, vuelos de la muerte, incineraciones, fosas comunes y tumbas NN. Sólo algunos pocos secuestrados, que padecieron cautiverio en los Centros Clandestinos de Detención y Tortura, fueron eximidos de la muerte y sometidos a “Consejos de Guerra” tras una pantomima de enjuiciamiento que les otorgaba la condición de blanqueo y los obligaba a cumplir la condena asignada, en cárceles comunes.
Otra forma extrema de la acción represiva que implementaron los genocidas, fue el plan sistemático de robo de identidades, que consistió en la apropiación de bebés y de niños y que afectó a unos 500 recién nacidos y menores de nuestro país. Esos niños que habían sido secuestrados junto a sus padres o nacido en maternidades clandestinas mientras sus madres estaban cautivas, fueron usados por los militares como «botín de guerra». Despojados de su origen biológico y de los vínculos parentales, fueron entregados a familias de militares, de policías o de allegados al régimen, que los inscribieron como hijos propios falsificando actas de nacimiento o mediante adopciones ilegales.
Recapitulando…
La historia de nuestro país se caracteriza por una lucha continua entre los intereses propios del campo popular y los que quieren imponer las clases dominantes.
El golpe cívico militar de 1976 tuvo también un claro objetivo económico orientado a transformar la estructura productiva nacional, en beneficio de los sectores concentrados y financieros. La aplicación de este plan económico de corte neoliberal, requería desmantelar el modelo de industrialización nacional para sustituirlo por la apertura de importaciones. Su ejecución implicó la destrucción del aparato productivo nacional, la entrega del patrimonio, el endeudamiento externo, el aumento de impuestos y tarifas, la disminución de los salarios y la desocupación masiva.
Para imponer este aplastamiento y poner fin a toda forma de organización y resistencia popular, la Doctrina de Seguridad Nacional y el Terrorismo de Estado en su máxima expresión, fueron el sustento ideológico ilegal en la que se enmarcó la ejecución del plan sistemático de exterminio, que se desarrolló en coordinación y complicidad con otras dictaduras latinoamericanas, también inscriptas en el denominado “Plan Cóndor’’ – una red de cooperación represiva entre las dictaduras militares del Cono Sur- .
En 1982, la dictadura militar que ya estaba en su ocaso, complicada por las denuncias internacionales de violaciones a los Derechos Humanos y por la creciente crisis económica, apelando al nacionalismo se lanzó a recuperar las Islas Malvinas. El 2 de Abril de 1982 se produjo el desembarco de las Fuerzas Armadas, la ocupación territorial de las islas y el izamiento de la Bandera Nacional, acción que dio lugar al inicio de un conflicto bélico, que culminó 74 días después con la rendición formal del ejército argentino.
Los soldados conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, jóvenes de entre 18 y 21 años, fueron víctimas de acciones de maltrato, ejercidas por sus propios superiores.
A su retorno al continente, los combatientes de la Guerra de Malvinas fueron silenciados por la propia dictadura, en un contexto oportunista de ocultamiento y desmemoria, y debieron librar un conjunto de luchas en el tiempo, exigiendo el reconocimiento social, el pedido de atención por los efectos postraumáticos de la guerra y el derecho a una pensión que recién sería otorgada a nivel nacional, en 1990.
Actualmente, existen causas judiciales en curso, como la radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, donde más de 100 militares han sido denunciados e imputados por castigos y abusos considerados delitos de lesa humanidad.
Este conflicto armado contra el colonialismo de Gran Bretaña, por un legítimo reclamo en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, forma parte de nuestra historia reciente, nos interpela como argentinos y nos invita a dimensionar y a poner en valor, el profundo sentido de la democracia, que se sustenta en pilares fundamentales de participación ciudadana, diálogo y memoria colectiva sobre lo ocurrido.
En el contexto de los 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 en la Argentina, la construcción de la memoria adquiere una relevancia particular. Durante la última dictadura, la acción sostenida de las Madres de Plaza de Mayo y de las Abuelas de Plaza de Mayo, las colocó como protagonistas de un proceso de resistencia que marcó profundamente la trayectoria constitucional y democrática de nuestro país. Ellas hicieron de la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, una práctica de vida y el pañuelo blanco que identificó su lucha sostenida, se convirtió en el estandarte ético más digno de nuestra historia.
La incidencia de su labor y su intervención pública, constituyen un ejemplo emblemático de cómo la memoria puede transformarse en acción política, en defensa de la vida y de los derechos humanos.
La memoria, entendida como práctica social, no es un ejercicio nostálgico sino una herramienta de transformación que habilita al diálogo intergeneracional, a la recuperación de historias de vida y a la construcción de la identidad comunitaria.
Las plazas céntricas del país, son el espacio privilegiado elegido por la ciudadanía, para convocarse a construir memoria colectiva, en encuentros donde se invita a la reflexión, se transmiten conocimientos, se interpelan subjetividades, se producen sentidos y se habilita a preguntas sobre el pasado y el presente. En este marco, hacer memoria no implica únicamente recordar hechos históricos, sino comprenderlos críticamente, reconocer sus efectos en la actualidad y asumir una posición ética frente a las injusticias.
La Memoria, la Verdad y la Justicia se han constituido en pilares fundamentales de nuestra democracia. La lucha incansable que han librado los organismos de Derechos Humanos en nuestro país, repleta de obstáculos y dificultades, fue trazando el camino para construir un consenso social que repare parte del daño causado por la última dictadura cívico – militar en la Argentina.
La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que eligió el camino de la justicia para enfrentar el pasado y construir futuros más justos, impulsando un proceso de juzgamientos, que aún continúa en el presente con sus luchas, avances y retrocesos y que es fundamental porque nos permite comprender, pensar y analizar nuestra democracia. Una democracia que día a día reafirma su rechazo a la impunidad y la necesidad de justicia y que exige que se juzgue el accionar represivo del Terrorismo de Estado y la responsabilidad penal individual de sus perpetradores.
Pero la lucha contra la impunidad tuvo vaivenes, hubo períodos de acompañamiento e impulso estatal y otros en los que primó el desentendimiento y la negación.
- La creación de la CONADEP en diciembre de 1983 dio el primer paso y recibió testimonios sobre víctimas del accionar represivo y sobre personas desaparecidas.
- El Juicio a las Juntas en 1985 marcó el inicio de una lucha contra la impunidad con un proceso judicial histórico, oral y público en el que la justicia civil de Argentina juzgó y condenó por “Crímenes de Estado” a los máximos responsables de la cúpula militar. Se escucharon más de 833 declaraciones testimoniales de víctimas y de familiares de desaparecidos y en diciembre la Cámara Federal determinó una condena que sentenció a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua y a penas menores a otros jefes como Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti, mientras que algunos otros fueron absueltos.
- Los juicios a responsables de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, denominados Juicios de Lesa Humanidad, comenzaron a nombrarse en la Argentina en el año 2003, a partir de la nulidad de las leyes de impunidad, que en nuestro país impedían enjuiciar a los represores.
- En el año 2004 un fallo de la Corte Suprema profundizó y declaró imprescriptibles los delitos de genocidio, esto quiere decir que no hay plazos para su juzgamiento y actualmente los juicios siguen en marcha.
- La labor inconmensurable del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), aportó certezas y verdades que contribuyeron al desarrollo de los juicios proporcionando evidencias científicas irrefutables en la restitución de identidades de compañeros Detenidos – Desaparecidos y Asesinados enterrados como “NN”.
Es oportuno acercar a este encuentro, algunos conceptos de Gramsci, que invitan a la reflexión:
La hegemonía de la ideologización, se basa en el concepto de hegemonía cultural. Es la dominación sutil mediante la cual una clase dirigente impone su visión del mundo, valores y normas como el «sentido común» para que sea aceptado por la sociedad en su conjunto y desde allí poder ejercer la dirección intelectual, moral y política de un país, a través de los aparatos ideológicos que difunden la ideología dominante, logrando con ello que los intereses de esa clase parezcan universales. Requiere entonces de consensos y de persuasión para que el subordinado internalice esa cosmovisión, convirtiendo los intereses particulares de un grupo en “una normalidad aceptada por todos”.
LA CULTURA DEL ODIO
En el escenario político de la Argentina actual, la cultura del odio es el mecanismo estratégico que el gobierno liberal usa como herramienta de intervención, y está orientado a la desnaturalización del pacto democrático para facilitar la aplicación de planes de ajuste económico, mediante la dominación cultural masiva.
La cultura del odio se impone así como un fenómeno socio – cultural con incidencia política, que opera a través de la deshumanización del adversario y la polarización extrema, creando un entorno favorable, donde las medidas drásticas se presentan como la única solución moral frente a un «enemigo» construido discursivamente.
La deshumanización del otro, como estilo de comunicación, sustituye el debate de ideas por agresiones y gritos que se apoyan en el uso términos confrontativos y denigrantes, como «orcos», «zombis», «delincuentes», «cavernícolas», “brutos”, “ignorantes”, “kukas”, “chorros”, “ladrones”, “mentirosos”, “Chilindrina troska”, “empresarios corruptos”… Pululan así, despectivos y vituperios de toda índole, para referirse a la oposición política, a los movimientos sociales, a las organizaciones gremiales o a los críticos del gobierno. Esta retórica discursiva busca despojar de legitimidad a cualquier disenso, presentándolo como una amenaza a la moral del Estado, donde la ciudadanía deja de ver al sistema democrático como un canal válido para sus demandas, optando por la apatía o por la aceptación de liderazgos autoritarios, de partidos que operan al límite de las normas democráticas.
¿Dónde estamos parados como sociedad?
Frente a esta reflexión, se encienden las alertas: ¡Tengamos mucho cuidado con validar y naturalizar el sentido pérfido de la filosofía del sometimiento, desde una construcción donde se rompen los lazos, priman lógicas despolitizantes e individualistas, en donde la soberbia y la intolerancia circulan y se instalan en la esfera de lo público como “una ética de la convicción”, para polarizar a la sociedad, para socavar sus pilares históricos y culturales fundacionales y para imponer el dominio ideológico voluntario, bajo la aceptación de normas y estructuras de sometimiento!
Tengamos bien en claro que “el Odio, es la batalla cultural” con la que el gobierno interviene en nuestro país para golpear con los ventarrones de la intolerancia, marcar la agenda política y facilitar sus planes de ajuste económico.
Este plan de orientación neoliberal, repite un modelo de fracaso ya conocido y aplicado hace 50 años por Martinez de Hoz, que promueve la eliminación de las políticas proteccionistas para la industria nacional, el estímulo de la competencia mediante la apertura de las importaciones, la baja drástica del gasto público, el achicamiento del Estado, la eliminación de subsidios y la privatización de empresas estatales.
La inflación, la devaluación, la desregulación de la economía y la liberalización de precios, son las variables del brutal ajuste, que sacude el equilibrio de las economías familiares ya golpeadas por la falta de empleo y la precarización laboral.
En síntesis estamos transitando los efectos directos de un programa económico de alcance nacional, que promueve la pobreza y profundiza la desigualdad social.
«Hoy, como hace 50 años, nos quieren convencer de que el sufrimiento es necesario. Pero nosotros sabemos, que el hambre no es un error de cálculo: es miseria planificada. Ayer fue para destruir a una generación y sus ideales de cambio; hoy es para entregar nuestra soberanía. ¡No hay Nunca Más sin justicia social!
Días atrás, en nombre del oficialismo, la Senadora Patricia Bullrich llevó adelante una reivindicación explícita del negacionismo, rechazando denunciar los crímenes de una dictadura responsable del genocidio de los 30.000 compañeros desaparecidos y planteó a cambio la cuestión en términos de “memoria completa”, usando un eufemismo que intenta poner al mismo nivel el genocidio producto del terrorismo de Estado, con las acciones defensivas en términos de resistencia de la militancia política de los años 70.
Por si algunos actores de la vida política nacional aún no lo entendieron, nosotros, quienes nos embanderamos contra la impunidad les recordamos, que el Terrorismo de Estado planificó la invisibilidad de sus actos criminales con la figura del desaparecido, aspirando a la deshumanización y al silencio absoluto.
Y allí, donde la memoria resiste el paso del tiempo, la presencia del detenido-desaparecido y asesinado, nos interpela desde cada rincón de nuestra identidad colectiva en una vigilancia perpetua contra el olvido. Por eso, enfáticamente sostenemos ¡¡¡Son 30.000!!! ¡¡¡Qué nos digan dónde están!!!
En tiempos turbulentos es necesario traer a la conciencia un acto de reflexión sobre ciertos acontecimientos que vienen ocurriendo en el mundo y que trascienden fronteras.
Tanto el bloqueo a Cuba como la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela pueden interpretarse como herramientas del imperialismo en el contexto de una guerra económica, diseñada para forzar cambios de régimen y controlar recursos estratégicos.
El ataque bélico iniciado el 28 de febrero de 2026 contra la República Islámica de Irán no es otra cosa que una ofensiva imperialista diseñada para reconfigurar el mapa energético y político de Oriente Próximo. La alianza entre Estados Unidos e Israel, persigue la consolidación de un dominio regional absoluto y el manejo de los recursos del gas y del petróleo.
Este conflicto no es más que la continuación de una política de guerra perpetua que sostienen algunas pocas potencias imperialistas, que sacrifica la paz mundial en beneficio de los intereses geopolíticos y económicos de una elite global, que ya han causado miles de víctimas civiles en la región, incluyendo bombardeos a escuelas y desplazamientos masivos.
Estos ataques constituyen una flagrante violación a “la Carta de la ONU», que en sus postulados brega por la autodeterminación de los pueblos y reconoce en ésta el derecho fundamental de los pueblos de decidir libremente su condición política, económica, social y cultural, sin injerencias externas.
Mientras las potencias agresoras justifican los bombardeos bajo narrativas falaces de «terrorismo» o de amenaza nuclear, omiten el derecho de las naciones a la autodeterminación y a la defensa, ante las agresiones externas.
El presidente Javier Milei ha expresado su alineamiento con las políticas de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, ambos líderes de partidos de derecha. Señalamos que con este pronunciamiento el gobierno está involucrando a la Argentina en un conflicto ajeno, que la mayoría de la población rechaza.
Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo iraní en el ejercicio de su derecho a la resistencia y a la defensa frente a la ofensiva externa.
Sostenemos que es indispensable que la Argentina recupere una posición geopolítica neutral, en clara defensa de los tratados internacionales y de la paz (Carta de la ONU de 1945 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966).
El pronunciamiento por la paz, es el camino ético que nos enseñaron con su lucha las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, señalando con ese legado el rumbo a seguir de las futuras generaciones.
¡Defendemos nuestros Espacios de la Memoria y exigimos la preservación de los Sitios de la Memoria y de los Archivos, que contienen testimonios y pruebas de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado durante la Última Dictadura Cívico –Militar!
¡Nunca Más! ¡Memoria, Verdad y Justicia! ¡Siempre!
¡Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados!
¡¡¡Qué nos digan dónde están!!!
Cárcel común y efectiva a los genocidas.
Y enfáticamente sostenemos:
¡Que los desaparecidos son 30.000! ¡Fue Genocidio!
¡Que tenemos más de 30.000 razones para mantener activa la memoria colectiva!
¡Que tenemos más de 30.000 razones para reclamar Verdad y exigir Juicio y Castigo a todos los culpables!
¡Que tenemos más de 30.000 razones para defender la Democracia y el Estado de Derecho!
¡30.000 compañeros Detenidos – Desaparecidos y Asesinados ¡PRESENTES!
¡AHORA Y SIEMPRE!
Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados por la Última Dictadura Cívico-Militar.
Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes (Bs. As.)
24 de Marzo de 2026
