En un operativo que subraya la gravedad con la que las autoridades locales están abordando la seguridad escolar, la vivienda de un adolescente de 16 años fue allanada tras una serie de amenazas que generaron alarma en la comunidad educativa de la Escuela Normal.
El procedimiento, resultado de una investigación tecnológica, culminó con el secuestro de cuatro teléfonos celulares y tres computadoras.
La causa se inició a partir de la denuncia de la directora del establecimiento, Jorgelina Chee, tras el hallazgo de escritos amenazantes en el baño femenino de la institución.
Sin embargo, la pesquisa dio un salto cualitativo al detectar que las intimidaciones se replicaban en plataformas como WhatsApp e Instagram.
Rastreo de IP y secuestro de dispositivos
La clave del operativo fue el rastreo del protocolo de Internet (IP), la huella digital que identifica el punto de conexión de cualquier dispositivo a la red. Este seguimiento condujo a los agentes directamente al domicilio del sospechoso, un alumno de la misma escuela, quien ahora se encuentra imputado en la causa.
El peritaje de los siete aparatos incautados será determinante para confirmar si las amenazas se emitieron desde allí y avanzar con las sanciones legales correspondientes.
Un fenómeno nacional: «No es una broma»
El secretario de Seguridad local, Matías Maresca, fue tajante al referirse al hecho: “Hablamos de un delito grave con consecuencias legales muy serias. No es un chiste. Las amenazas afectan la vida de toda la comunidad”.
El episodio se enmarca en una preocupante ola de intimidaciones en colegios de todo el país, intensificada tras la tragedia ocurrida el 30 de marzo en San Cristóbal (Santa Fe), donde un alumno armado asesinó a un compañero. Autoridades vinculan muchos de estos casos actuales a retos virales en redes sociales que incitan a la violencia escolar.
Nuevos protocolos y medidas de control
Ante la escalada de casos, diversas provincias han comenzado a prohibir el ingreso con mochilas y a realizar inspecciones de pertenencias.
En Mercedes, la respuesta institucional se formalizará este jueves en una reunión interdisciplinaria que contará con la participación de:
- Autoridades municipales y educativas.
- Fuerzas de Seguridad.
- Representantes del Poder Judicial.
El objetivo del encuentro será definir un protocolo de intervención inmediata para abordar estas situaciones y concientizar a los jóvenes sobre las implicancias del Código Penal. “Las acciones tienen consecuencias y las amenazas son un delito determinado”, concluyó Maresca.
