En un operativo que destacó por la precisión tecnológica y la coordinación policial, las autoridades lograron la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la justicia.
El procedimiento fue posible gracias a la alerta temprana emitida por el Anillo Digital de Mercedes, el sistema de cámaras y lectores de patentes gestionado por la Secretaría de Seguridad local, que permitió rastrear el vehículo del sospechoso a través de varios municipios.
La investigación dio un giro decisivo cuando los dispositivos de monitoreo detectaron la circulación de una Peugeot Partner gris.
Sobre este vehículo pesaba una orden de secuestro activa, vinculada directamente con el paradero del evadido.
Al respecto, el Secretario de Seguridad, Dr. Matías Maresca, explicó que la tecnología fue clave para el éxito del operativo: “Esta información permitió trazar el movimiento del rodado, el cual fue captado posteriormente ingresando al anillo digital de las localidades de Bernal, Quilmes y Ezpeleta”, detalló el funcionario.
Operativo conjunto y detención
Una vez geolocalizado el objetivo, se activó un protocolo de interceptación. La DDI comisionó personal que, en un trabajo conjunto con efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes y la Comisaría de Bernal, inició un seguimiento táctico por distintas arterias de la zona sur del conurbano.
El despliegue policial culminó con éxito en la calle Alem, entre Viejo Bueno y Smith, donde las fuerzas de seguridad lograron cerrar el paso del vehículo. Sin posibilidad de escape, el sujeto fue reducido y puesto a disposición de la justicia de manera inmediata.
Situación legal
Tras el secuestro de la camioneta y la captura del individuo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) interviniente dispuso la notificación de las actuaciones bajo el Artículo 60 del Código Procesal Penal.
Se confirmó que el detenido será trasladado a primera audiencia en sede judicial el día de mañana, donde deberá responder por los cargos que se le imputan y por su condición de prófugo. El hecho vuelve a poner de relieve la eficacia de la inversión en software de vigilancia y la comunicación interjurisdiccional en la lucha contra el delito
