En un escenario de extrema complejidad socioeconómica, el intendente de Mercedes, Juan Ignacio «Juani» Ustarroz, advirtió que la inminente quita de los beneficios de la Ley de Zona Fría provocará un aumento automático del 100% en las facturas de gas residenciales y retirará más de $1.020 millones de pesos del circuito comercial local.
El jefe comunal, acompañado por miembros clave de su gabinete en el Honorable Concejo Deliberante, calificó la política del Gobierno Nacional como un «ajuste salvaje» y alertó sobre el ingreso masivo de familias al umbral de la pobreza energética de cara al invierno.
El impacto normativo responde al avance legislativo en el Congreso de la Nación que busca eliminar los subsidios y tarifas diferenciadas vigentes desde 2021 para las regiones con bajas temperaturas. Según los equipos técnicos del municipio, la medida afectará a 17 mil hogares mercedinos sin ningún tipo de excepción, golpeando también a PyMEs, clubes de barrio, industrias e instituciones benéficas que no podrán absorber los nuevos costos fijos.
Una evolución hiperinflacionaria del servicio
La Oficina de Defensa del Consumidor local precisó que la quita del beneficio consolidará una suba acumulada superior al 800% en los últimos tres años. De esta manera, una factura promedio que en 2023 costaba $10.000 y que en 2024 promedió los $60.000, se proyecta que alcanzará los $110.000 con el nuevo cuadro tarifario.
Esta situación empujará a numerosos hogares a destinar más del 30% de sus ingresos totales exclusivamente al pago de servicios públicos básicos, el límite formal que define a la pobreza energética. El impacto macroeconómico local se traducirá en una pérdida inmediata de masa monetaria para el consumo minorista: al tener que pagar $60.000 adicionales por factura, los vecinos dejarán de gastar esos $1.020 millones en los almacenes, comercios y profesionales independientes de la ciudad.
El ahogo financiero a las comunas
Durante la conferencia de prensa, Ustarroz ligó el tarifazo al desfinanciamiento estructural que sufren las administraciones municipales por la parálisis de las transferencias nacionales. El intendente detalló que, en lo que va del año, Mercedes dejó de percibir $1.200 millones de pesos en concepto de coparticipación, a lo que se suma el freno total de la obra pública y el corte de programas esenciales en Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo de la Comunidad.
«Imaginábamos un ajuste pero no que fuera tan salvaje. Así la ecuación no cierra», sentenció el jefe comunal.
Para desmontar los discursos que responsabilizan a las tasas comunales por la presión fiscal, el Ejecutivo local expuso la asimetría de la matriz de recaudación actual con un 80 para nación y 4 por ciento para municipio.
El intendente remarcó que argumentar que el problema fiscal radica en el eslabón municipal carece de consistencia técnica y matemática, dado que las comunas apenas retienen una fracción mínima del esfuerzo impositivo de los contribuyentes.
Acciones legales y frente comunitario
Ante la crudeza del invierno, la estrategia de la comuna de Mercedes se bifurcará en dos frentes. Por un lado, se ratificó que el municipio agotará las presentaciones judiciales y recursos de amparo para intentar frenar la quita de derechos, a pesar de lo que definieron como una «sistemática voluntad de incumplimiento de las leyes» por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Por el otro, Ustarroz hizo una convocatoria abierta a la unidad y a la resistencia colectiva de la comunidad organizada. El mandatario instó a articular esfuerzos con los sectores comerciales e industriales y pidió defender la apertura de los clubes de barrio, sociedades de fomento y centros culturales, calificándolos como espacios vitales de contención y redes de apoyo solidario frente a la depresión social y económica.
