En una ambiciosa e inédita acción coordinada contra los delitos de índole sexual que afectan a menores de edad, las autoridades judiciales llevaron a cabo este miércoles un total de seis allanamientos simultáneos en las localidades de Mercedes, Luján, La Plata y 9 de Julio.
Los procedimientos locales se inscriben dentro de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, un megaoperativo provincial que implicó 121 allanamientos en 76 ciudades bonaerenses destinados a combatir la explotación sexual, el abuso infantil y la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
A nivel regional, las investigaciones tramitan ante la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas N° 1, dependiente de la Fiscalía General del Departamento Judicial Mercedes.
De acuerdo a fuentes oficiales, las irrupciones domiciliarias se distribuyeron de la siguiente manera: dos en la ciudad de Mercedes, dos en Luján, una en La Plata y la restante en 9 de Julio. Durante los operativos se procedió a la correcta identificación de los moradores y al secuestro de telefonía celular y soportes digitales, los cuales serán sometidos a pericias informáticas urgentes. Por el momento, la Justicia no ha adoptado medidas restrictivas de la libertad contra los sospechosos locales, supeditando su situación procesal al resultado de los análisis técnicos.
Delitos imputados y especificidad local
Las causas penales en el Departamento Judicial Mercedes se abrieron bajo tipificaciones de extrema gravedad institucional y penal.
Según el informe del Área Comunicacional del Ministerio Público, los expedientes locales carátulan delitos de “Tenencia y/o publicación de representaciones derivadas de abuso sexual infantil agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad” (art. 128 del Código Penal), “Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (Grooming)” —con fuerte anclaje en el objetivo de La Plata— y “Producción y comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”, detectados en las jurisdicciones de Luján y 9 de Julio.
El impacto de la séptima misión provincial
Esta séptima edición de la megacausa fue coordinada directamente por el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General y el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming. Para articular la investigación de los 121 objetivos finales y las 111 personas investigadas en todo el territorio provincial, la justicia bonaerense dispuso el funcionamiento de ocho fiscalías especializadas que operaron en carácter de «Nodos» de detección criminal.
El balance global de la Operación Protección de las Infancias VII arrojó datos alarmantes para los investigadores:
- Perfil de los sospechosos: De los 111 investigados, 106 son hombres y 5 mujeres. Las edades oscilan entre los 15 y los 75 años (identificándose a dos menores de 18 años que compartían material de abuso).
- Entorno de riesgo: Se constató que seis de los implicados se desempeñan en tareas laborales con contacto directo con niños, niñas y adolescentes. Además, se identificaron 37 menores convivientes con los sospechosos y 4 posibles víctimas directas de abuso.
- Unidades carcelarias: Uno de los objetivos allanados fue una celda de un servicio penitenciario donde un recluso continuaba operando pese a estar purgando una condena previa por abuso infantil.
Secuestros de material y despliegue técnico
Los allanamientos a escala provincial concluyeron con la incautación de 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento masivo, 165 teléfonos celulares y 2 armas de fuego. Sobre estos elementos ya se practicaron 31 triages o inspecciones digitales preliminares en el lugar del hecho.
La extensa red de fiscales intervinientes en el territorio bonaerense incluyó al Dr. Lisandro Massón por el Departamento Judicial Mercedes, coordinando acciones con ministerios públicos de otras 20 jurisdicciones que van desde Bahía Blanca hasta Zárate-Campana.
Finalmente, las autoridades destacaron el despliegue de las fuerzas de seguridad y cuerpos periciales de élite, entre los que participaron la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense (al mando del Comisario Mayor Ariel Rodríguez), las divisiones de delitos cibernéticos de la Policía Federal Argentina (Comisario Patricio Castro), la Policía de la Ciudad (Comisario Gabriela Flores), personal de la Prefectura Naval y sub-DDI de la región, incluyendo las oficinas de Bragado, 25 de Mayo y la sede Chivilcoy.
