Un escenario de profunda incertidumbre y preocupación afecta de forma directa a los usuarios y trabajadores viales de la región.
La concejala de la Unión Cívica Radical (UCR), Aída Laporta, se manifestó muy preocupada ante la inminente pérdida de puestos de trabajo en la estación de peaje de Olivera, donde aproximadamente 80 familias se encuentran «en la cuerda floja» debido al nuevo sistema de automatización que se quiere imponer y las condiciones fijadas en las recientes licitaciones de concesión por parte del Gobierno nacional.
La edila apuntó contra el esquema de privatización diseñado para la Ruta Nacional 5, el cual contempla una extensión de 20 años bajo la modalidad de «cero subsidios estatales».
Según explicó la legisladora, la totalidad de los fondos destinados a las obras deberán surgir de manera exclusiva de la recaudación directa de las cabinas, lo que derivará en un incremento exponencial de las tarifas y en una mayor frecuencia de puestos de cobro, los cuales quedarán establecidos cada 90 kilómetros.
«Además de dejar a 80 familias en la calle, se va a aumentar el costo de los peajes y no sabemos, en realidad, si va a haber tantas obras»
«Tengo la sensación de que esto es otra sangría al pueblo argentino. Creo que es la peor privatización que se ha hecho desde que existen los peajes en la Ruta 5. Además de dejar a 80 familias en la calle, se va a aumentar el costo de los peajes y no sabemos, en realidad, si va a haber tantas obras», fustigó Laporta.
Mantenimiento mínimo y desprotección vial
De acuerdo al diagnóstico de la edila del bloque opositor, el nuevo contrato no garantiza la concreción de obras de infraestructura de gran envergadura para el trazado, limitándose únicamente a tareas cotidianas y de mantenimiento básico, tales como el bacheo superficial y el corte de pasto.
Asimismo, Laporta puso en duda la efectividad del programa de «corredores seguros» que debe supervisar Vialidad Nacional, al revelar falencias críticas en los recursos disponibles para la asistencia en ruta. «No sé qué corredores seguros puede haber cuando creo que hay apenas dos móviles para recorrer un trayecto de 200 kilómetros», advirtió, vinculando la situación al deficiente estado de conservación que ya venía mostrando la empresa operadora saliente.
Llamado a la movilización institucional
Ante un panorama que desde diversos sectores locales se percibe como irreversible debido a la profundidad de los recortes de la administración central, la concejala radical instó a las autoridades locales y a las fuerzas políticas de Mercedes a no adoptar una postura pasiva y confrontar las medidas que lesionan la economía regional.
Para contener el impacto social del ajuste, Laporta propuso articular acciones institucionales inmediatas. «Lo que tenemos que hacer es ponernos a la cabeza de los reclamos, ir juntos a Vialidad Nacional y empezar a exigir los beneficios y exenciones que se pidieron siempre, principalmente para proteger a los vecinos de la ciudad de Mercedes», concluyó.
Los cambios que se vienen
El Gobierno nacional implementó un nuevo esquema de privatización de la Red Vial Nacional mediante la Red Federal de Concesiones (RFC). Este modelo otorga tramos viales a empresas privadas por 20 años bajo un régimen de cero subsidios estatales, financiándose exclusivamente con el cobro de peajes.
Los cambios más importantes incluyen:
- Fin de los subsidios: Las obras, el mantenimiento y los servicios dependerán 100% de la recaudación tarifaria de las empresas concesionarias.
- Aumento y creación de peajes: El esquema contempla un aumento en la cantidad de estaciones, con la proyección de instalar decenas de cabinas adicionales.
- Mantenimiento básico: Los pliegos incluyen tareas cotidianas como bacheo y corte de pasto.
- Control estatal: Vialidad Nacional supervisa los contratos mediante un esquema de «control por resultados» para garantizar corredores seguros.
En zonas clave (como los tramos de las rutas 3, 5, 205 y 226), el nuevo esquema despertó críticas por la alta densidad de peajes proyectada (uno cada 90 kilómetros) y porque las obras de gran envergadura (como autovías) requerirán financiamiento externo adicional a las tarifas.
