El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del magistrado Ernesto Kreplak, admitió de manera formal la acción de amparo colectivo presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación —encabezado por Luis Caputo—, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación.
La medida da inicio al proceso judicial por la retención e inejecución de las partidas presupuestarias del Sistema de Infraestructura Vial (SISVIAL), destinadas al desarrollo y mantenimiento de la red vial nacional en la provincia de Buenos Aires.
A partir de la notificación formal, la administración nacional dispone de un plazo sumario de tres días para presentar su descargo correspondiente.
Según estimaciones de la parte querellante, en un plazo de diez días el tribunal se encontraría en condiciones de resolver la solicitud de una medida cautelar que ordene la reanudación inmediata de los trabajos viales comprometidos y paralizados en territorio bonaerense.
El eje central de la demanda recae en la subejecución presupuestaria constatada durante los últimos treinta meses. Sobre una recaudación acumulada del SISVIAL de $1,503 billones en dicho período, solo se aplicaron $394.406 millones al destino fijado por ley, lo que representa una subejecución del 73,8 por ciento.
De acuerdo a las auditorías adjuntadas en el expediente, más de un billón de pesos de dicho fideicomiso con destino específico e irrevocable habrían sido colocados de forma masiva en instrumentos de inversión financiera en lugar de ejecutarse en infraestructura.
La presentación judicial pone especial énfasis en el impacto local que genera esta parálisis, citando como caso testigo la ampliación de la Ruta Nacional 5 en el tramo comprendido entre Mercedes y la Variante Suipacha, así como tramos de la Ruta Nacional 3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs. Ambas obras cuentan con el respaldo del crédito CAF 11744, un esquema de financiamiento internacional donde el 70 % es aportado por el organismo crediticio y el 30 % restante por el Estado nacional. No obstante, las auditorías oficiales del año 2024 ratificaron que el aporte local fue del 0 %, a pesar de la disponibilidad de fondos en la cuenta del fideicomiso.
Con la admisión del trámite resolutivo, la Justicia federal no solo requiere al Poder Ejecutivo explicaciones sobre el circuito financiero de los recursos viales, sino que abre el canal de participación para que los propios usuarios e instituciones de las trazas afectadas puedan sumarse al proceso judicial aportando sus testimonios.
