
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un documento elaborado por su Centro de Investigación y Formación (CIyF) en el que exige revertir la pérdida de participación del Poder Judicial en el presupuesto provincial con vistas al ejercicio 2027.
Según el gremio, la recuperación de estos fondos constituye una condición indispensable para recomponer el salario real, mejorar las condiciones de trabajo, incorporar personal, fortalecer la infraestructura y garantizar el acceso a la justicia de toda la población bonaerense.
El análisis técnico advierte sobre el deterioro presupuestario histórico que atraviesa el sector. Mientras que en los años 2002 y 2003 la asignación para la administración de justicia superaba el 5% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires, en 2024 tocó un piso del 3,22%. Si bien en 2026 se registró una leve recuperación al alcanzar el 4,08%, la cifra permanece distante del 7% obtenido en décadas anteriores. Desde el sindicato remarcaron que este recorte de recursos, combinado con el aumento constante en el volumen de causas judiciales, derivó en una severa sobrecarga laboral y en el deterioro de las condiciones de trabajo.
El impacto económico en los ingresos de los trabajadores también ocupa un eje central en los reclamos. El informe detalla que la subcategoría F sufrió una pérdida salarial del 36% respecto a los niveles de 2019, mientras que en las categorías superiores el retroceso oscila entre el 9% y el 15%.
De cara a la discusión del Presupuesto 2027, la AJB propone una partida global aproximada de 3,69 billones de pesos para el Poder Judicial. La propuesta contempla una recomposición salarial del 20% adicional a los acuerdos paritarios, la extensión y mejora del sistema de subcategorías, la incorporación de un 10% más de personal en la planta laboral y un incremento sustancial en las partidas para infraestructura y gastos de funcionamiento. El objetivo trazado por la organización es recuperar una participación presupuestaria del 5% en el corto plazo, con miras a avanzar progresivamente hacia el 7%.
Finalmente, la conducción del gremio reiteró la necesidad prioritaria de sancionar una Ley de Paritarias para el sector, recordando que las y los trabajadores judiciales son el único colectivo del Estado bonaerense que no cuenta con una regulación legal para la negociación colectiva, al tiempo que instaron a avanzar decididamente hacia la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial provincial.

























