Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través del Auditor General de Asuntos Internos, dieron a conocer ciertas aclaraciones en torno a una reciente publicación de este medio sobre una noticia que se daba en torno a un conflicto por salarios y condiciones laborales de la policía bonaerense dado que tal cual sostienen “contiene afirmaciones que requieren ser aclaradas para evitar interpretaciones erróneas que puedan inducir a la opinión pública a equívocos y comprometer la seguridad institucional”.
En principio, y en lo que hace a la prohibición de medidas de fuerza y responsabilidad penal desde el Ministerio recuerdan que “el personal policial integra una estructura jerárquica con un régimen especial de servicio ininterrumpido, conforme lo establecido las Leyes 12.154, 13.482 y 13.982 y el Decreto 1050/09”: “En este marco normativo, cualquier intento de paralización de actividades, instigación a la desobediencia o alteración del funcionamiento normal del servicio de seguridad constituye una falta grave, pasible de sanciones disciplinarias y, en caso de configurarse los tipos penales aplicables, de acciones judiciales”, aclaran y sostienen que “la difusión de información tergiversada o alarmista sobre un supuesto acuartelamiento sin respaldo en fuentes oficiales puede generar confusión en la población y afectar la operatividad del servicio de seguridad”.
«Cualquier intento de paralización de actividades, instigación a la desobediencia o alteración del funcionamiento normal del servicio de seguridad constituye una falta grave, pasible de sanciones disciplinarias y, en caso de configurarse los tipos penales aplicables, de acciones judiciales»
Luego, sobre la representatividad de las protestas, sostienen: “La publicación indica que efectivos de la Policía Bonaerense, junto a sus familiares, llevaron a cabo una protesta exigiendo mejoras salariales y de condiciones laborales. Sin embargo, estas manifestaciones fueron protagonizadas por un grupo reducido de personas que carecen de representatividad formal y de legitimidad institucional. En este sentido, atribuir tales manifestaciones a la Policía Bonaerense en su conjunto es inexacto y genera una imagen distorsionada de la realidad”.
Además, en cuanto a las restricciones a la actividad sindical en las fuerzas de seguridad, recuerdan que “la prohibición de sindicalización del personal policial responde a la necesidad de garantizar el carácter operativo, jerárquico y disciplinado de la fuerza, asegurando la continuidad del servicio de seguridad pública. Sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantiene canales institucionales de diálogo para atender las necesidades del personal policial dentro del marco normativo vigente”.
Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad rechazan “categóricamente la afirmación de que hubo actos de represalia o sanciones arbitrarias hacia el personal policial en razón de su participación en las manifestaciones”.
