
La Justicia de Mercedes podría marcar un hito histórico en el ámbito judicial de la Provincia de Buenos Aires al impulsar un juicio político contra la Dra. María Florencia Valinoti, titular del Juzgado de Faltas N° 1 de Nueve de Julio.
De aprobarse, este proceso sería la primera vez que un Jury de estas características se desarrolla en un Municipio, conforme a la normativa municipal.
La trascendencia del caso se suma a la condena previa de la funcionaria. A la Dra. Valinoti se la acusaba del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento, en concurso ideal”.
El juicio político a la jueza de Faltas de Nueve de Julio sólo se evitaría si ella, que actualmente espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un Recurso de Queja, presentara su renuncia al cargo.
El Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes estableció en ese fallo condenatorio, de primera instancia, una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso más tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El juicio político se llevaría a cabo bajo la Ley 10.269, que establece el procedimiento para el juicio a jueces de faltas.
El jurado deberá estar compuesto por siete miembros (con un mínimo legal de cuatro). Incluirá un juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mercedes, tres abogados de la matrícula del Colegio Departamental (quienes serán desinsaculados por el Concejo Deliberante a partir de una lista) y tres concejales. Se cumple holgadamente con el requisito de al menos cuatro profesionales del derecho, con la mención de Sebastián Malis, Esteban Naudín, César García e Ignacio Palacios.
Fuentes cercanas al proceso indican que el juicio político podría comenzar antes de fin de noviembre de este año, con una fecha tentativa para los próximos días.
El juicio político a Valinoti sólo se evitaría si la jueza, quien actualmente espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un Recurso de Queja, presentara su renuncia al cargo. De avanzar la destitución, el proceso quedaría registrado en la historia como un parteaguas en el sistema judicial municipal.

























