Por Manuel Torres
La Unión Cívica Radical no es un sello de ocasión ni una herramienta para acomodarse al poder de turno. Es una fuerza doctrinaria que nació para defender la República, el Estado de Derecho y la justicia social, para ampliar derechos y poner límites cuando esos derechos se ponen en riesgo. No estamos para ser furgón de cola de nadie ni para disfrazar de pragmatismo lo que en realidad es renuncia.
Frente al gobierno de Javier Milei, el radicalismo debe ejercer una oposición responsable, firme y con contenido. Responsabilidad no es acompañamiento automático ni complacencia. Responsabilidad es sostener la institucionalidad, pero también marcar límites claros cuando se vulneran principios constitucionales, cuando se afecta el artículo 14 bis o cuando se debilita el sistema de negociación colectiva que equilibra la desigualdad estructural entre capital y trabajo.
En la discusión de la reforma laboral no estamos ante un tecnicismo menor. En el debate sobre la reforma laboral, la cuestión no es meramente técnica: se trata de definir si el derecho del trabajo continuará siendo un subsistema jurídico (fundado en la asimetría estructural entre capital y trabajo) o si será reducido a una lógica contractualista que desconoce la realidad social. Modernizar no es precarizar. Y ninguna crisis económica habilita la regresividad en derechos sociales ni la desconstitucionalización de garantías.
Los senadores radicales, al momento de votar, no sólo expresaron una posición coyuntural: fijaron doctrina política. Cada voto debe reflejar que el radicalismo concibe al trabajo como ordenador social, como herramienta de movilidad ascendente y como fundamento de la cohesión republicana. La estabilidad jurídica que reclamamos para la inversión debe ser la misma que garantizamos para el trabajador.
La gobernabilidad es un valor democrático, pero no es un cheque en blanco ni puede transformarse en excusa permanente. Mucho menos puede aceptarse que la coparticipación federal, las urgencias fiscales o las presiones del Ejecutivo condicionen la voluntad legislativa. El federalismo no es un sistema de premios y castigos. Los derechos no se negocian a cambio de recursos.
Ahora la responsabilidad recae sobre los diputados nacionales quienes representan al pueblo de la Nación, no a los gobernadores ni a sus acuerdos de coyuntura. Cada diputado radical debe votar con autonomía, con convicción y con memoria histórica. No se trata de suavizar un conflicto político; se trata de sostener una identidad.
Si el radicalismo resigna su independencia crítica en nombre de una supuesta estabilidad, pierde su razón de ser, porque sin coherencia no hay partido, porque sin derechos no hay libertad verdadera, y sin justicia social no hay República posible.
Manuel Torres es mercedino, abogado y militante de la UCR
