En un movimiento político que trasciende las divisiones partidarias habituales, el senador Eduardo «Wado» de Pedro (Unión por la Patria) y su par Victoria Huala (PRO) han unido fuerzas para presentar nuevamente un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar jornadas de concientización sobre el acoso escolar en todo el país.
La iniciativa busca institucionalizar la jornada «Argentina contra el Bullying: Por una escuela libre de acoso y discriminación» en todos los niveles obligatorios de enseñanza.
El proyecto de ley estipula que cada establecimiento educativo de gestión pública y privada en la República Argentina deberá realizar, al menos una vez por ciclo lectivo, una jornada de reflexión y formación. El objetivo central es que estudiantes, docentes, personal no docente y familias desarrollen valores y prácticas que permitan abordar la conflictividad social, la violencia entre pares y la discriminación dentro de las instituciones.
Contexto político y críticas al discurso oficial
La presentación de este texto no solo tiene un fin pedagógico, sino también un marcado tinte político en sus fundamentos. Tanto De Pedro como Huala argumentaron que la medida es urgente debido a que «la agresión aparece en los discursos oficiales», señalando que el insulto y el desprecio se han vuelto habituales en el escenario público actual.
Según los legisladores, la escuela debe ser el espacio privilegiado para neutralizar los denominados «discursos de odio» y fomentar una sociedad más empática que sea capaz de aislar la violencia.
Un consenso que busca ser ratificado
La actual propuesta replica un dictamen de mayoría que fue alcanzado con éxito durante el año 2025, pero que perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo de diciembre.
En aquella instancia, el texto había logrado un apoyo transversal que incluyó a:
- Senadores del bloque kirchnerista y del PRO.
- Referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).
- Bloques de partidos provinciales.
- Incluso el respaldo de la senadora libertaria Vilma Bedia (Jujuy).
Los impulsores de la norma destacan que las trece firmas obtenidas anteriormente demuestran que existe una «amplitud de consenso» y que retomar este camino es un acto de respeto al trabajo legislativo previo, invitando al resto de las fuerzas políticas a sancionar la ley sin dilaciones innecesarias.
