La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que modifica el régimen de Zona Fría, una iniciativa que, de ser ratificada por el Senado, dejará sin descuentos en las tarifas de gas a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.
La medida impactará directamente sobre unos 1.240.000 hogares bonaerenses —cerca del 20% de los usuarios residenciales del territorio—, entre los cuales se encuentra el partido de Mercedes como uno de los distritos afectados. Según las estimaciones debatidas en el recinto, las facturas residenciales sufrirían incrementos inmediatos de entre un 40% y un 100%.
El proyecto gubernamental busca retrotraer el beneficio al esquema original diseñado en 2002. De este modo, los subsidios masivos se concentrarán de forma exclusiva en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, derogando la ampliación territorial que se había implementado en el año 2021.
Para los habitantes de Mercedes y las restantes 93 localidades afectadas —como Chivilcoy, Suipacha, San Andrés de Giles y Navarro—, la pérdida del beneficio implicará un duro revés económico de cara a la temporada invernal.
El nuevo esquema técnico establece que los descuentos generales dejarán de existir y se restringirán únicamente a los bloques encuadrados en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a usuarios de ingresos bajos, beneficiarios del Renabap, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Asimismo, el subsidio ya no cubrirá la totalidad de la factura, sino que se limitará solo al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
«En un mismo proyecto le condonan deudas millonarias a las distribuidoras y le trasladan el costo de las tarifas de gas a los usuarios»
La diputada nacional de origen mercedino, Sabrina Selva, replicó con dureza la aprobación de la norma y advirtió sobre las consecuencias del ajuste en las economías familiares. «Hoy el oficialismo y sus aliados avanzan con un proyecto de ley que le va a hacer pagar el costo del invierno a todos los argentinos», apuntó la legisladora, señalando además una fuerte contradicción en el texto legislativo: «En un mismo proyecto le condonan deudas millonarias a las distribuidoras y le trasladan el costo de las tarifas de gas a los usuarios».
«No existe verdadera sustentabilidad energética si el ajuste se realiza a costa de profundizar desigualdades territoriales o trasladar volatilidad hacia usuarios que hoy se endeudan para comer y pagar los servicios», enfatizó Selva.
Desde el plano fiscal, el oficialismo defendió la reforma argumentando la necesidad de «ordenar» el sistema y paliar el déficit. El régimen actual se financia con un recargo del 7,5% en las boletas de todo el país, pero durante el último período el fondo resultó insuficiente, requiriendo una inyección extra del Estado Nacional de 200 mil millones de pesos.
No obstante, el impacto en el bolsillo urbano se prevé drástico. Informes técnicos de entidades como el IERAL (Fundación Mediterránea) grafican que, en ciudades con consumos similares de la provincia, un hogar promedio podría duplicar su gasto mensual, pasando de pagar $20.000 a casi $40.000 por el mismo servicio. El futuro de la tarifa queda ahora supeditado a lo que ocurra en la Cámara de Senadores.
