El Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad aprobó un proyecto de resolución en el que expresa su «profunda preocupación ante el creciente deterioro del clima institucional y democrático que atraviesa la República Argentina». La iniciativa, presentada por la concejala Sabrina Viñales, pone el foco en los «discursos de odio, prácticas de intolerancia y hostigamiento hacia distintos sectores sociales» que se impulsan desde el orden nacional, abriendo un fuerte debate sobre las formas en la política local.
La votación expuso la falta de consenso que reina en la dirigencia de los distintos espacios representados en el Legislativo mercedino. Mientras que la propuesta sumó los votos de la bancada oficialista de Unión por la Patria y recibió el acompañamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque de Vecinos por Mercedes optó por la abstención y los ediles de La Libertad Avanza manifestaron un rechazo rotundo al tratamiento del documento.
En sus considerandos, el texto legislativo advierte con alarma sobre la reiteración de «discursos agresivos, descalificatorios y hostiles provenientes de las más altas autoridades nacionales hacia periodistas, trabajadores, representantes políticos, organizaciones sociales, universidades públicas, científicos, jubilados, personas con discapacidad» y referentes de la industria productiva nacional.
Según fundamenta la resolución, este tipo de dinámicas no se agota en las esferas centrales de la política sino que «termina proyectándose hacia distintos niveles del Estado», naturalizando el insulto y la descalificación frente al disenso.
«Cuando tenemos un presidente que insulta, que agrede permanentemente, que descalifica, que no da cumplimiento a las leyes que fueron votadas democráticamente… esa violencia baja como cascada a toda la sociedad»
Durante el debate en el recinto, la autora del proyecto, Sabrina Viñales, defendió la necesidad de plantear una «reflexión patriótica» frente a situaciones que dañan la convivencia pacífica.
En un pasaje de su argumentación, la edil señaló el impacto de las medidas sobre los sectores más vulnerables e interpeló tanto a los representantes como a la militancia de las fuerzas que sostienen al Ejecutivo central: «Cuando tenemos un presidente que insulta, que agrede permanentemente, que descalifica, que no da cumplimiento a las leyes que fueron votadas democráticamente… esa violencia baja como cascada a toda la sociedad. Cuando dejamos de vernos como compatriotas y empezamos a ver al otro como un enemigo porque piensa distinto, no se está rompiendo un partido político o un gobierno; lo que se está rompiendo es la patria».
La resolución final aprobada por el cuerpo deliberativo local exige a las autoridades nacionales la promoción de canales de diálogo democrático y el respeto irrestricto hacia la división de poderes, la libertad de expresión y los mecanismos republicanos consagrados en la Constitución Nacional.
Asimismo, en su articulado dispone remitir una copia de la declaración formal a la Presidencia de la Nación, a ambas cámaras del Congreso de la Nación y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
