La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, conducida por el legislador mercedino Eduardo de Pedro (Bloque Justicialista), encabezó una intensa jornada de carácter informativo en el Salón Azul del Palacio Legislativo con el propósito de analizar el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
El debate, centrado en las modificaciones que la iniciativa pretende introducir a la actual Ley de Tierras (Ley 26.737 sancionada en 2011), sirvió de escenario para la presentación del cuarto informe del Observatorio de Tierras del Conicet, donde diversos especialistas coincidieron en señalar un severo impacto latente sobre la soberanía territorial y geopolítica del país.
Al dar apertura al encuentro, De Pedro explicitó «los riesgos de la aprobación del proyecto» y remarcó la importancia de que las ponencias técnico-científicas funcionaran como herramientas de clarificación «para aquellos senadores que todavía tienen dudas sobre este proyecto de ley», cuya discusión y tratamiento parlamentario formal en la Cámara Alta están previstos para la jornada de este miércoles.
La extranjerización del territorio
El primer bloque temático, titulado “El territorio en disputa: extranjerización, manejo del fuego y desalojos”, reunió a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes expusieron las conclusiones del reporte elaborado por el Programa de Investigación sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA), titulado categóricamente “El proyecto de ley de extranjerización de tierras del Gobierno nacional, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.
Durante su intervención, el historiador Matías Oberlin, miembro de dicho observatorio, alertó que la reforma atenta de forma directa contra la soberanía del Estado: «Si uno mira los datos, tan solo el 5% de la tierra está extranjerizada, el equivalente a la superficie de la provincia de Santa Fe. Como el proyecto permite elevar el límite hasta un 15% de extranjerización, esto significa que todavía se podrían vender 26 millones de hectáreas más, lo que equivale a la totalidad de la Provincia de Buenos Aires».
Por su parte, Florencia Gómez, directora de relaciones institucionales del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), defendió el marco regulatorio vigente desde 2011, argumentando que «la Ley de Tierras lo que hacía era correr el velo jurídico para saber quién está detrás de la nacionalidad de la tierra y conocer fehacientemente quiénes son los socios de las sociedades que controlan esos territorios».
Seguridad nacional, defensa y el rol social de la propiedad
La discusión legislativa continuó con los paneles “Límites al interés público y la defensa nacional: control fronterizo, narcotráfico e impacto sobre la soberanía y la geopolítica de la Argentina” y “Defender nuestro territorio: una causa nacional”. En este último tramo, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, manifestó un enérgico rechazo a la reforma al evaluarla como «un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional donde está en riesgo real la gobernanza del territorio».
En sintonía con el reclamo, el Secretario General de la CGT, Jorge Sola, enfatizó la dimensión económica y constitucional del recurso estratégico: «Sin control nacional de la tierra no hay proyecto productivo posible; la propiedad tiene que tener una función social, tal como lo establece la Constitución Nacional».
Amplia convocatoria de expositores
La jornada informativa contó con un extenso listado de expositores provenientes de ámbitos técnicos, académicos, sindicales y de las fuerzas armadas, entre los cuales destacaron: Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados) y Nahuel Levaggi (Unión de Trabajadores de la Tierra y Mesa Agroalimentaria Argentina); la lic. Lucía Yáñez (Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales – UBA) y Tamara Basteiro (Subsecretaria de Políticas Ambientales de la Provincia de Buenos Aires); Julián Domínguez (exministro de Agricultura de la Nación) y Jorge Capitanich (senador y exgobernador del Chaco); Fabián Brown (General de Brigada R y académico de la UNLa) y el Teniente General (R) Martín Paleo (exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas). También el sociólogo Marcelo Bergman (Doctor por la Universidad de California) y Monseñor Juan Liébana (Obispo de Chascomús).
