
Ante un creciente clima de hartazgo social derivado de los incrementos exponenciales en los peajes y el progresivo deterioro de las rutas nacionales, vecinos y usuarios del corredor de la Ruta Nacional 5 comenzaron a organizarse para dar una respuesta colectiva.
La convocatoria es impulsada por la histórica Comisión de Vecinos contra el Peaje —espacio que mantiene su reclamo activo desde hace más de tres décadas, con muchos vecinos activos y otros que se suman constantemente a través de un grupo de Whats App— y tendría como sede inminente la Cámara Económica Mercedina (CEM), entidad que históricamente ha respaldado las demandas de seguridad vial, transportistas y comerciantes de la región.
El detonante de esta nueva movilización surge tras la reciente oficialización de los valores tarifarios aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad para la concesionaria Corredor Vial 5 S.A.U. (Pentavia).
Es que con la entrada en vigencia del nuevo esquema en las cabinas de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, la tarifa manual para automóviles particulares ya alcanzó los $8.600, mientras que el transporte pesado de mayor porte debe abonar hasta $51.200 por pasada.
La medida genera un fuerte impacto socioeconómico por el traslado de costos al flete y las mercaderías, agravado por un contrato de concesión que se extenderá durante los próximos 19 años con revisiones tarifarias periódicas.
A diferencia de etapas históricas en las que la comisión llevó adelante medidas de acción directa como cortes de ruta, levantamiento masivo de barreras y movilizaciones en la traza, el contexto socioeconómico actual ha reavivado la necesidad de utilizar la participación ciudadana como canal legítimo e institucional. Aunque también tiene nuevas «leyes antipiquete» y un paradigma represivo que aleja la posibilidad de manifestaciones y cortes de ruta, ahora considerados cuasi delitos.

La inquietud de vecinos y sectores productivos busca frenar lo que definen como una «estafa vial». Es la participación ciudadana, un derecho y obligación del ser en sociedad.
Pero entendida como el derecho y la capacidad de los miembros de una comunidad para incidir de manera organizada en las decisiones públicas, articular diagnósticos y exigir el cumplimiento de los pliegos de obras a los gobiernos y las empresas, la participación de vecinos y sectores productivos busca frenar lo que definen como una «estafa vial». Es la participación ciudadana, un derecho y obligación del ser en sociedad.
Es por eso que desde la comisión, referentes históricos como Marcelo Suárez han denunciado que las tareas ejecutadas por la firma privada se limitan a un «maquillaje» superficial que omite arreglos estructurales fijados por pliego, tales como la reparación del tramo entre el Acceso Oeste y la Ruta 47, la intervención en la vieja Ruta 5 y el puente histórico, sumado al freno en la construcción de la autovía hacia el interior provincial. En este sentido la reunión en la Cámara Económica buscará consolidar un frente común de usuarios, transportistas y entidades civiles para definir los pasos a seguir en la defensa de la traza regional.



























