En una jornada en la FAUBA, cinco profesionales se refirieron a los pros y contras de cambiar la legislación actual. Advirtieron sobre la importancia de proteger el uso propio de la simiente y la agricultura familiar, de controlar el monopolio y de reconocer derechos de propiedad intelectual.
Por: Pablo A. Roset
(SLT-FAUBA) La actual Ley Nro. 20.247 —conocida como ‘Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas’— se promulgó en 1973. Hoy existen propuestas para modificarla, argumentando su desactualización y la necesidad de promover nuevos desarrollos por parte de las compañías semilleras. El proyecto para modificarla ya cuenta con un dictamen de comisión de mayoría en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A fin de brindar diferentes visiones desde el ámbito académico, la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) organizó la jornada Ley de Semillas: Aportes para un Debate Institucional, en la que un grupo de docentes y profesionales debatieron, con distintos enfoques, sobre la importancia y las posibles consecuencias de cambiar la legislación vigente.
Mejoramiento participativo y soberanía
Para Gustavo Schrauf, Profesor Titular de la cátedra de Genética de la FAUBA, es fundamental conocer cómo son y quiénes controlan los mercados de semillas. “La semilla es el insumo básico de la cadena alimentaria y condiciona cómo se producen los alimentos. Por eso, las empresas de agroquímicos compraron casi todas las semilleras en el mundo: Bayer compró a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y ChemChina adquirió a Syngenta y a la empresa argentina Nidera. Sólo estos tres grupos empresarios concentran cerca del 60% de las ventas globales de semillas y del 70% de los agroquímicos”.
“Esto hace que el productor esté muy condicionado en su forma de producir. Al comprar las semillas también adquiere los agroquímicos para que los cultivos expresen su potencial. La tendencia al monopolio es muy fuerte, y si dejamos en sus manos el desarrollo de semillas, perdemos soberanía y poder de decisión”, dijo, y agregó que quitarle al productor el derecho al uso propio de las semillas puede profundizar la monopolización.
Además, Schrauf advirtió sobre la notable caída en los presupuestos del Conicet, las universidades, y del programa de mejoramiento del INTA. “Por un lado, el proyecto del oficialismo busca darle más poder a las empresas; por otro lado, afirma que con la modificación pretende beneficiar al INTA… es una incoherencia y puede significar un perjuicio muy grande. La Ley debemos repensarla entre todos, con participación. Incluso, es necesario considerar que los productores pueden intervenir en el mejoramiento y no verse sólo como meros receptores de tecnologías”.
“Al mejorador y al productor se los suele presentar como antagónicos. Sin embargo, con el mejoramiento participativo pueden trabajar en conjunto. En este sentido, nuestra experiencia con el proyecto del recuperación del tomate criollo es muy rica. Además de mejoradores, agrónomos y biólogos participan los productores hortícolas y hasta los mismos consumidores en las degustaciones (incluyendo cocineros). Entre todos se decide qué tomate elegimos para mejorar. Este modelo no es fácil de implementar, pero en algunos países hay proyectos parecidos que funcionan muy bien. Estas alternativas representan una reacción de la sociedad, que busca alternativas a la concentración que se da a escala global”, resaltó Schrauf.
Los costos de no invertir en tecnología
“En la Argentina, la normativa que rige para las semillas ya tiene varias décadas. No se han recogido las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los últimos años y eso ha tenido un costo importante tanto en productividad como en divisas. Por ejemplo, hoy, por no haber incorporado esas tecnologías, los rindes argentinos en maíz y trigo pasaron a estar debajo de los de EE.UU., habiendo sido superiores o semejantes. Cuando uno valoriza eso, significaría una pérdida para el país de 50 mil millones de dólares por el maíz más 19 mil millones por el trigo”, explicó Fernando Vilella, Director del Programa de Bioeconomía de la FAUBA.
En esta misma línea, el docente agregó que en el caso de la soja, por esa misma razón y porque los productores pueden guardar semillas de una campaña a otra —cosa que no sucede con el maíz híbrido—, la Argentina estaría perdiendo alrededor de 2500 millones de dólares por año. “En términos de retenciones, dejamos de recuperar unos 770 millones de dólares al año. Para tener en claro la magnitud de esta cifra, el presupuesto anual de la UBA es de 600 millones de dólares”.
Vilella hizo hincapié en que esta realidad es común a un amplio rango de producciones. “Por ejemplo, cultivamos una variedad de arveja verde, pero como el mundo busca la amarilla, nos quedamos afuera. Hacemos unas variedades de garbanzo que no son las que demandan los hindúes, grandes consumidores, y no hay posibilidad de incorporar esa genética si no estamos dispuestos a pagarla. Lo mismo pasa con el maní. Lamentablemente, se suele circunscribir el problema a la soja y a una empresa en particular. La verdad es que las pérdidas que se generan son manifiestas y afectan a todo el sistema productivo argentino”.
“En el proyecto de Ley del oficialismo, que ya cuenta con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, y en los restantes 10 proyectos presentados, hay una consideración de que no paguen los derechos de uso de las semillas los pueblos originarios, la agricultura familiar y las micro-pymes, que son empresas que facturan hasta 10 millones de pesos por año, aproximadamente 900 mil pesos al mes. No es una cifra tan chica de productores exceptuados”, destacó Vilella.
Por último, el docente señaló que “pretender que la Ley de Semillas solucione la problemática de la agricultura familiar o de los pueblos originarios es inconsistente. Eso se hace con presupuestos y políticas adecuadas, no tiene que depender de la Ley de Semillas ni ser excusa para que el sistema productivo se atrase y que todos, por no tener los instrumentos que el mundo usa cotidianamente, seamos más pobres cada año”.
Uso propio de la semilla, un punto clave a resguardar
“Uno de los problemas centrales del proyecto del oficialismo es que se limitaría fuertemente, o se eliminaría, la figura del uso propio de las semillas. Es decir, se les quitaría a los productores la posibilidad de que guarden sus semillas para sembrarlas en la campaña siguiente. En su reemplazo, se propone la figura del uso propio oneroso. Dicho de forma simple, los productores deberán pagar por sembrar las semillas que ellos mismos producen. Sin el uso propio desaparece la única posibilidad de evitar una situación de monopolio”, sostuvo Javier Rodríguez, Director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús.
“Me llama mucho la atención que cuando se debate el uso propio no se discute el mercado monopólico, ya que, de hecho, está muy concentrado en pocas empresas agroquímicas. Al limitar el derecho al uso propio estaríamos en una situación en la que a todos los productores se les impondría un monopolio en materia de adquisición de las semillas, algo esencial para la producción agropecuaria”, dijo el docente.
Y añadió que, en términos económicos, el monopolio tiene la capacidad fijar el precio o la cantidad a vender. Así, el precio puede quedar muy por encima de lo que hoy se está cobrando. Para los cuatro cultivos principales, la estimación de cuánto representaría ese aumento de los costos asciende a 3100 millones de dólares por año. “Esta cifra da una idea del importante monto que está involucrado en este debate sobre la Ley de Semillas. Hay en juego intereses económicos muy fuertes”.
Finalmente, Rodríguez reconoció que, tal como decía Vilella, el país está dejando de obtener ingresos por no pagar los avances tecnológicos. “Es así. No obstante, quiero destacar que la Ley vigente es perfectamente compatible con las normas internacionales. En todo caso, lo que se debe analizar son los incentivos económicos para que esas empresas traigan un determinado evento al país. Además, en la Argentina muchas veces la efectiva inclusión de algunos de estos eventos depende de tener asegurado el mercado de venta. Por ejemplo, en ocasiones no conviene difundir un evento dado si no está garantizado que nuestros compradores admiten ese tipo de semillas o de eventos en los productos que les vendemos”.
Debatir la propiedad intelectual
“La Ley 20.247 abarca dos cosas que no tienen casi nada que ver entre sí: lo relativo al comercio de semillas y lo referido a la propiedad intelectual de la creación de nuevas variedades vegetales. En el resto de la jurisprudencia argentina, estos temas están separados, pero esta Ley los junta. Al examinar los 11 proyectos presentados al Congreso no se ven diferencias en nuevas ideas sobre la comercialización de semillas. El punto urticante está en la parte de la propiedad intelectual”, puntualizó Miguel Rapela, Director de Vinculación del Centro Integrado de Genómica y Mejoramiento de UBATEC y Director Ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.
Según Rapela, el punto central de la discusión sobre la modificación de la Ley vigente es cómo manejar el uso propio de la semilla. Poder guardar semillas de una campaña a otra está permitido casi en todo el mundo, con regulaciones para no afectar a quienes obtuvieron la variedad inicial. Este control no existe en la Argentina. En consecuencia, los mejoradores de especies autógamas —o sea, que se pueden conservar luego de producidas—, tanto de la faz pública como de la privada, se ven perjudicados al no obtener un retorno por lo que invirtieron en su trabajo.
“Por otra parte —agregó Rapela—, está el tema del monopolio. Las 3 ó 4 empresas semilleras internacionales que dominan el mercado mundial poseen posiciones muy fuertes en el mercado de semillas híbridas en la Argentina, pero son casi inexistentes en el mercado de autógamas, que es el mercado del problema. En este sector, la empresa líder absoluta en nuestro país es Don Mario, que es argentina. Por otra parte, el mercado de forrajeras está totalmente dominado por empresas argentinas, al igual que el sector hortícola. Entonces, respecto al monopolio, yo opino que ni de casualidad se da en la Argentina”.
“Otro problema es que dentro de los alcances de la modificación de la ley propuesta se incluyen a los descubrimientos, es decir, semillas que ya están presentes en la naturaleza y que no han resultado de ningún desarrollo tecnológico ni trabajo intelectual. Por el contrario, los eventos biotecnológicos están hechos por seres humanos en laboratorios, no existen en la naturaleza, por lo que son protegibles por la Ley de Patentes Nro. 24.481. Y aquí se da una situación particular: una variedad vegetal se protege por la Ley 20.247 y dentro de esa variedad puede haber un transgén que está patentado por la Ley 24.481. Los alcances de cada normativa son muy diferentes, y casi ningún país del mundo logró resolver esta situación en la que se juntan dos cosas en un mismo individuo. Por ahora, en la Argentina no pasamos ni del ABC en esa discusión, pero no encontrar una solución no le sirve absolutamente a nadie”, remarcó Rapela.
Lograr una Ley de orden público
“Las semillas son el primer eslabón de cualquier cadena agroalimentaria, por lo que representan una importantísima fuente de poder. Quien las controla, domina la cadena productiva y la disponibilidad de alimentos” (T. Perelmuter)
“Considero que el debate debe abarcar mucho más allá que un mero cambio legal. No estamos discutiendo cuestiones vinculadas con la agronomía y con el derecho, sino con nuestro modelo agrario, nuestro modelo alimentario y, por lo tanto, el proyecto de país”, enfatizó Tamara Perelmuter, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y añadió que la discusión debe incluir a todas las voces, desde agricultores familiares hasta campesinos e indígenas, incluso a quienes viven en las ciudades y consumen alimentos.
Perelmuter comentó que las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria y la base de la biodiversidad del planeta. La diversidad genética de los cultivos conocidos proviene de un trabajo milenario de los pueblos, y el avance de los derechos de propiedad intelectual sobre las plantas no contribuyó al aumento de la biodiversidad, sino todo lo contrario. La lógica de la apropiación privada del trabajo colectivo histórico de los pueblos promovió una pérdida mayor de diversidad genética y agrícola. “Lo que se está debatiendo es la propiedad intelectual sobre la vida”.
“¿Qué dice este proyecto del oficialismo que hoy discutimos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un dictamen que no modifica la Ley entera, sino algunos puntos. En primer lugar, se refuerza el poder de policía del INASE —Instituto Nacional de Semillas—. Lo que se desprende de este artículo es que el Estado será quien ejecute los intereses de las empresas ante una eventual vulnerabilidad de sus derechos de propiedad intelectual”, aclaró Perelmuter.
Asimismo, la docente destacó que el segundo punto en debate, y probablemente el más importante, se refiere al uso propio de las semillas. “El uso propio dejaría de ser libre y gratuito, como contempla nuestra Ley actual en su artículo 27 —que lo considera un derecho de los agricultores—, para pasar a ser una mera excepción de un derecho que tendrán otros, los obtentores. Este es un cambio radical en la concepción de esta práctica histórica de los productores agrícolas”.
Y agregó que “la limitación del uso propio violaría muchos tratados y acuerdos internacionales como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, conocido como el tratado de semillas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, e incluso el Convenio de la UPOV, en su versión 78, de la cual la Argentina es parte. La restricción del uso propio aumentaría la dependencia de los productores con las grandes empresas y los sacaría del lugar que históricamente tuvieron como productores y reproductores de semillas, colocándolos como arrendatarios del germoplasma que se produce en otros lugares”.
Según la docente, el tercer punto a ser modificado es el relacionado con el carácter de orden público de la normativa. “La actual Ley de Semillas no es de orden público, lo que significa que no puede haber disposiciones por fuera de la Ley. Este hecho permitió la existencia de los contratos bilaterales que le habilitan a las empresas multinacionales a cobrar regalías extendidas por la soja intacta. Por eso, numerosas organizaciones de productores, incluso sojeros, están pidiendo que la futura Ley sea de orden público para que no haya contratos leoninos por fuera”.
“Sin embargo, el dictamen aprobado en Diputados sólo logró que algunos artículos sean de orden público, y no es el caso del artículo 27, justamente el del uso propio. Esto significa que aun con todas las limitaciones que tienen las excepciones vinculadas a los indígenas, a los productores familiares y a las micro-pymes, podría haber disposiciones que contradigan a esas mismas excepciones”, concluyó Perelmuter.
