Chile se aboca a la tarea gigantesca de cambiar la Constitución que lo ha regido desde marzo de 1980, cuando después de casi siete años de dictadura, los poderes fácticos del país se declararon definitivamente vencedores del gobierno popular de Salvador Allende y decidieron darle un marco jurídico a la consagración de su triunfo.
El objetivo esencial fue plasmar en una nueva Constitución, los intereses de los grupos económicos preponderantes apoyados por los Estados Unidos de América, a través del ideario del ultra liberalismo devenido de la Escuela Económica de Chicago, dirigida por Milton Friedman.
La dictadura de Pinochet se encargó de ponerla en práctica, en momentos en que la usanza en la región, era derrotar a las democracias populares, a través del golpe de Estado militar.
Esa es la Constitución que perdura vigente hasta hoy, por más de 40 años, legalizando la preponderancia de los grupos de poder por sobre derechos fundamentales que se practican en cualquier democracia que se precie de tal. Democracias que garantizan, de mínima, la libre asociación, el derecho al trabajo con una retribución justa, acceso gratuito a la educación y la salud. Todos ellos merecimientos que emanan del ejercicio de la soberanía delos pueblos y como retribución de las fuertes cargas impositivas que soportan todos los ciudadanos.
Todo este devenir no hubiera sido posible sin la connivencia de todo el espectro político de carácter corporativo que administra el país, en el que participaron los acólitos de la ultra derecha, hasta la extrema izquierda, además de una variedad de grises intermedios. Todos estos dirigentes políticos avalaron sin inmutarse y convivieron reproduciendo los preceptos en lo económico y en lo social consagrados en una Constitución dictatorial de carácter plutocrático concebida a espaldas del pueblo que prometieron representar.
El punto de quiebre se produjo el 18 de octubre del 2019, cuando un grupo de estudiantes secundarios saltaron en Santiago los molinetes para abordar el “Metro” –Servicio de Trenes Subterráneos Metropolitanos– en protesta por el alza de treinta pesos en los boletos estudiantiles.
Los estudiantes chilenos, particularmente los secundarios fueron siempre el mascarón de proa de la protesta social, ya se habían hecho presente, como en tantas otras oportunidades en el gobierno de Bachelet, en la denominada “Rebelión de los Pingüinos”. Ellos pusieron en cuestión la inoperancia del accionar de la corporación política, sumaron a la protesta a los estudiantes universitarios y a amplios sectores sociales frustrados, porque a través de tantas promesas incumplidas, vieron cercenadas sus posibilidades de desarrollo y movilidad social.
Este fue el disparador, aparentemente inocente, que conmovió los cimientos más profundos del país, después de décadas de lucha contra las injusticias, que precisamente garantizaba ese mismo marco jurídico que consagró al país como el más desigual de Latinoamérica, precisamente en la región que se la considera la más desigual del mundo.
Así se llegó al 18 de octubre del 2019, día en que se paró el país entero y millones ciudadanos coparon las plazas para manifestar su descontento y exigir una nueva Constitución que represente los verdaderos intereses del pueblo, que les reconozca la participación ciudadana, principios de igualdad y dignidad.
Desde allí en adelante, el pueblo se auto convocó a deliberar en asambleas ciudadanas que se realizaron en todo el territorio y el 25 de octubre del 2020 se logró votar el plebiscito que dio inicio al Proceso Constituyente, en una jornada histórica, pese a la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19.
El plebiscito planteaba en primer término la posibilidad de cambiar o no, la Constitución y también se plebiscitaba la manera de hacerlo. La opción «Apruebo», una nueva Constitución obtuvo el 78,27% de las preferencias, mientras que la opción «Convención Constitucional», como órgano encargado de redactarla, fue la vencedora con el 78,99% de los votos.
La opción “Convención Constitucional”, aclara que los convencionales constituyentes deben ser elegidos directamente por el pueblo para ese cometido, excluyendo a todo ciudadano que pertenezca a cualquier poder del Estado. Nadie que actualmente ejerza un cargo político puede estar dentro de los 155 ciudadanos candidatos a convencionales.
El sábado 20 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, que dicta normas e instrucciones para el desarrollo de las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, de Alcaldes y Concejales que deberá realizarse el 10 y 11 de abril de 2021.
La Convención Constituyente debe contener paridad de género. También reserva escaños o cupos a los Pueblos Indígenas; y resguarda y promueve la participación de las personas en situación de discapacidad.
Chile se encuentra ante la posibilidad histórica de darse una Constitución democrática emanada directamente de la ciudadanía como nunca lo ha hecho.
Sin embargo, el ala más conservadora del país adhiere a la nueva Constitución en tanto no se toquen los más de 30 pactos económicos vigentes con distintos países. Por otra parte, los más progresistas pretenden que los cargos políticos sean revocables y se legisle sobre punibilidad del perjurio.
El país enfrenta la encrucijada de encontrar un entramado jurídico que los contenga a todos.
