El abogado Fabián Maggi, representante legal de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y de vecinos del paraje “La Verde” afectados por el incendio y explosión de la planta de Sigma, anticipó que llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En diálogo con Noticias Mercedinas, Maggi explicó que, a dos años del siniestro ocurrido el 27 de septiembre de 2019, reclamarán ante el organismo internacional por la falta de respuestas del Poder Judicial y las “irregularidades” del OPDS. Esta es la entrevista completa:
– ¿En qué está la investigación sobre el caso Sigma?
– La investigación del caso Sigma evidencia demoras sustanciales, pese a la gravedad del hecho. Todavía no hay avances concretos en la Justicia Provincial, pese a haber puesto en conocimiento a la Fiscalía sobre datos relevantes.
Además, nos preocupa que no sólo no se investiga el atentado a la salud pública sino tampoco otros delitos, como el lavado de activos que puede presumirse por parte de la empresa que generó este desastre ambiental.
La misma apreciación puede hacerse sobre la Justicia Civil, donde se presentó una acción preventiva de daño ambiental, en la que se intentaba participar en la determinación del pasivo generado por el siniestro. No logramos una respuesta adecuada de la jueza que lleva la causa. Hasta el día de hoy no se abrió la cuestión pericial ni hemos podido participar desde la Justicia en el proceso administrativo, que sin embargo avanza con notorias irregularidades frente a la pasividad del Poder Judicial.
– ¿Cuáles son las informaciones más relevantes que aportaron a la Justicia?
– Lo más relevante que logramos a través de la presión que se ejerció dentro del Poder Judicial es que la empresa se vea obligada a determinar qué sustancias y en qué cantidades habían intervenido. Las sustancias son las que presumíamos, agroquímicos, agrotóxicos o biocidas, cualquiera de los conceptos que se pretenda utilizar y, lo más importante, la cantidad de esas sustancias que se liberaron al ambiente: nada más y nada menos que un millón de litros, una cifra que impresiona y a la que hay que sumarle el agua esparcida por las 12 dotaciones de Bomberos, todo lo cual hace presumir que existió una contaminación interjurisdiccional, que se pudo propagar más allá de las fronteras de Mercedes por la cuenca del Río Luján.
– Hablás de un millón de litros de agrotóxicos. ¿Cómo llegas a esta cifra?
– Para determinar cuál era el pasivo ambiental debía saberse qué había en la empresa al momento del siniestro… bajo esa presión de nuestra parte, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) se vio forzado a requerirle a los empresarios involucrados que revelen el stock al momento del siniestro y lo que se había recuperado. Informaron que el stock era superior al millón de litros, de los que se recuperaron aproximadamente 200.000… es decir que 800.000 litros se liberaron al ambiente. Es un documento emitido por la empresa que no hubiera aparecido nunca si no fuera por la acción de los ciudadanos preocupados por este tema tan grave.
El stock era superior al millón de litros, de los que se recuperaron aproximadamente 200.000… es decir que 800.000 litros se liberaron al ambiente.
– ¿Por qué decís que debería investigarse el probable delito de lavado de activos?
Esa es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual el Estado argentino es miembro y en el año 2020 sacó un comunicado que determina que ante la presencia de delitos ambientales debe investigarse también la probabilidad de comisión del delito de lavado de activos.
Esta recomendación fue tomada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya se ha presentado en varias causas investigando este tipo de delitos y que en el caso de Sigma creemos que debería ocurrir lo mismo.
Para que se entienda: hay un delito ambiental, en este caso infracción a la Ley de Residuos Peligrosos o Atentado a la Salud Pública, con el que la empresa se ve beneficiada porque venía explotando con irregularidades y comisión de delitos ambientales antes del siniestro. Y pocos meses después hizo declaraciones públicas en el diario La Nación de que había quintuplicado sus ganancias, entonces esto permite tener los elementos centrales de la probable comisión del delito de lavado de activos, es decir generar dinero fruto de una actividad ilícita, más allá de que sea la producción de agroquímicos qué es una actividad industrial que en principio se la podría considerar lícita.
De la manera en que ejercía Sigma esta actividad, sin el certificado de aptitud ambiental ni el resto de las habilitaciones, en clara infracción a la normativa (porque tenemos en nuestro poder, por ejemplo, videos de operarios obligados a volcar bidones con restos de biocidas y otras actitudes criminales), vemos que de la comisión de un delito surge el enriquecimiento de un grupo empresario y en eso consiste el lavado de activos.
– ¿Por qué decís que avanza el trámite administrativo y no avanza en simultáneo el judicial?
– El motivo por el que nos presentamos al Poder Judicial es por la desconfianza histórica que existe sobre el funcionamiento del OPDS, encargado de estas cuestiones ambientales y de emitir las certificaciones. Sigma venía trabajando en un marco de total irregularidad y/o clandestinidad, dado que no contaba con estos elementos esenciales para funcionar y eso era una omisión cuya responsabilidad estatal era del OPDS.
Ocurrido el siniestro, tenemos reglamentación que ante una cuestión de esta magnitud obliga a quien lo haya causado a hacer un trámite dentro del OPDS para determinar cuál es el pasivo ambiental generado. Apenas inició ese trámite nosotros comenzamos a observar una serie de importantes irregularidades que permitían suponer que el trámite estaba siendo fraguado en su elaboración principal, que es la de determinar la extensión del daño.
Eso lo decimos por lo que pudimos saber de la red de freatímetros instaladas en esa oportunidad. Entonces, eso fue lo que nos motivó a nosotros a presentarnos ante el Poder Judicial y pudimos constatar justamente que esas irregularidades eran tal como nosotros sospechábamos.
Pero al día de hoy no hemos logrado que la jueza a cargo nos de efectiva intervención, mediante el dictado de una medida cautelar, en ese expediente administrativo, esa es la queja que nosotros en este momento tenemos sobre el accionar el Poder Judicial.
– Es decir que la empresa ante el OPDS reconoce que se volcaron 800.000 litros de agrotóxicos en el siniestro pero luego el organismo no determina la magnitud del daño…
– Claro, por eso yo te nombraba la red de freatímetros, que son pozos que se hacen para determinar la calidad del agua. En un primer momento se había determinado con lógica científica que la red debía tener una amplitud mucho mayor que la que después realmente se hizo.
Entonces lo que está haciendo la empresa, avalada por el OPDS, es monitorear apenas una pequeña porción del terreno. Ahí es donde nosotros creemos que está la mayor irregularidad del trámite que se está realizando en el OPDS.
– ¿Tienen información respecto de cual es la situación actual de la planta?
– Por lo que cuentan los vecinos ya no hay un funcionamiento de planta industrial. Es un predio desbastado y después maquillado con un poco de tierras, piedras de canto rodado y alguna construcción, creo que un quincho o algo similar. No hay actividad industrial en este momento. Sí sabemos que la empresa tiene plantas en otros lugares del país y que tercerizan la producción en la ciudad de Ramallo.
– ¿Qué expectativas tienen respecto de la resolución judicial del caso?
– Tenemos varias estrategias trazadas. Si bien interviene una organización como firmante, que es la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, las decisiones se toman de manera colectiva con la participación de otros actores sociales que también están interesados en resolver este tipo de problemáticas.
La estrategia que se está desarrollando abarca un abanico de medidas a tomarse, la que te puedo comentar ahora es la presentación del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se denomina la violación de resolución en plazo razonable, la garantía judicial que establece el pacto de San José de Costa Rica, cosa que no está sucediendo en el caso Sigma porque tanto en sede penal como en sede civil no se registran avances sustanciales. Sobre todo y más preocupante es en sede penal, donde el hecho está tan claramente identificado, con sus responsables, con las consecuencias, y sin embargo no han sido citado aún a indagatoria los propietarios de esa empresa.
Además, con la nueva legislación internacional vigente, también tenemos pensado hacer una presentación en la próxima reunión de la Convención de Partes del Acuerdo de Escazú, por el impedimento al acceso a la Jurisdicción, dado que no hay una efectividad concreta por parte del Poder Judicial.
