“Algo hay que hacer urgente con los peajes”, dice Marcelo Suárez. “Estamos entre el espanto de un nuevo aumento del 50%, un convenio que nos sacaron y la incertidumbre de un posible gobierno libertario que podría volver al esquema de un dólar cada 100 km privatizando todas las rutas”, agrega el vecino que es uno de los que históricamente está en lucha por la problemática vial, que incluye la privatización de las autopistas y caminos con ineficiente o dudosa gestión que redunda en un muy pobre beneficio para los usuarios.
“Hay que resolver políticamente, volver al convenio que teníamos los mercedinos ahora, antes de las elecciones”, afirma Suarez en un contexto en el que se esperan nuevos aumentos en las tarifas.
Las tarifas de los peajes en rutas nacionales y algunos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 50% en noviembre, tras el trámite administrativo de la Consulta Ciudadana que se realizará el 31 de octubre. Será el tercer aumento en el año lo que provocará un alza acumulada de 210%, cuando el nivel de inflación al momento ronda el 140%. Los incrementos fueron de 50% en mayo, 40% en agosto y el 50% del próximo mes.
Aumentos y más aumentos
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechaza la nueva convocatoria a la “Consulta Ciudadana” convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser “un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje que se cobran en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Puente Rosario – Victoria y Accesos Norte, Oeste y Riccheri – Ezeiza – Cañuelas, y que encima ya está autorizado de antemano”.
“Es sumamente grave que dicha Consulta Ciudadana que vence el 31 de octubre del corriente, simple e infundada y ni siquiera convocando a una audiencia pública, se lleve a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42”, sostienen destacado que “las concesiones viales tienen carácter de servicio público.”
Lo que cuestionan los usuarios es que se imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encuentra definido y aprobado en las respectivas Resoluciones redactadas por las autoridades correspondientes.
“Los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr. Gabriel Katopodis, ni del Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), señor Gustavo Arrieta”, dicen y remarcan que el tema no pasa por modificar los cuadros tarifarios constantemente, sino que debería analizarse el problema de fondo de todo lo que viene ocurriendo desde los años 90. “Contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias a la utilidad nacional, y de beneficios abusivos para los concesionarios”, señalan.
“Es evidente que podría existir una maniobra tendiente a beneficiar en forma ilegítima a las Empresas Concesionarias, tales como Corredores Viales S. A., Caminos del Río Uruguay S. A., Autopistas del Sol S. A. y Grupo Concesionario del Oeste S. A., provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad”, afirman.
