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La Defensoría del Pueblo de la Nación ha publicado un informe especial titulado «Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Luján: Riesgo Ambiental y Derechos Humanos», en el que se analiza el cierre del basural a cielo abierto y la construcción del «Centro Ambiental Luján» para la disposición final de residuos domiciliarios en dicha ciudad de la provincia de Buenos Aires.
El informe surge a raíz de una solicitud de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires, relacionada con las afectaciones derivadas de la disposición de residuos en el basural a cielo abierto del partido de Luján y el pasivo ambiental que este conforma, así como de las iniciativas para su reemplazo por un Centro Ambiental con planta de separación de reciclables y relleno sanitario.
Se realizaron análisis de documentos, reuniones con distintos grupos sociales y funcionarios, visitas al terreno, y se concluye que el cierre del basural y la implementación de medidas para la separación de residuos reciclables tienen un balance positivo en términos de impacto ambiental y social.
Sin embargo, se señalan limitaciones en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y se insta a mejorar las prácticas para garantizar evaluaciones más completas y adecuadas, conforme al principio de progresividad.
La Defensoría enfatiza la importancia de medidas de mitigación para minimizar la exposición y vulnerabilidad de las personas afectadas por la contaminación, así como la necesidad de mejoras en los servicios sanitarios y de atención de la salud en los barrios cercanos al basural.
Se espera que el proyecto continúe bajo consideración judicial y que se realice una evaluación del cumplimiento de políticas por parte del organismo financiador, lo que podría conducir a mejoras en el Estudio de Impacto Ambiental.
Finalmente, se destaca la importancia de otras instancias de gestión de residuos, como la reducción en la generación y la eficiencia en la recuperación de reciclables, para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos relacionados con la salud, la educación y una vida digna.
