Tras la última sesión del Concejo Deliberante, la concejala por Unión por la Patria, Lucila Villoslada, no solo abordó temas de gestión local, sino que también lanzó duras críticas contra el gobierno nacional de Javier Milei, señalando una «contradicción» y «cinismo» en su discurso de transparencia.
La polémica surgió a raíz de un proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para actualizar los datos del portal «Datos Abiertos» del municipio. Si bien el proyecto fue aprobado, Villoslada aprovechó la ocasión para contrastar esta iniciativa con los escándalos de corrupción que salpican a funcionarios nacionales del mismo espacio político.
«Qué transparencia estamos discutiendo si, mientras tanto, la semana pasada tuvimos que ver en todos los canales de televisión cómo allanaban 14 dependencias de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad», expresó Villoslada, quien calificó los hechos como «coimas, sobornos, asociación ilícita, uso discrecional de bienes del Estado».
La concejala hizo hincapié en la implicación de figuras cercanas al presidente, como su hermana Karina Milei, y el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo. «La supuesta jefa de Estado y la supuesta jefa del espacio político al que representan… metiendo la mano en el bolsillo a través de sobornos», enfatizó, criticando que el gobierno nacional intente «echarle la culpa al gobierno anterior» y hable de una «opereta política» cuando la justicia ha ordenado allanamientos y hay audios que comprometen a los implicados.
Villoslada no solo cuestionó la falta de transparencia, sino también la «crueldad» y «cinismo» del accionar. «La casta para ellos terminaron siendo los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad», aseveró, contrastando los recortes de pensiones y la represión a las familias que se manifiestan, con las millonarias sumas de las que se habla en las denuncias de corrupción.
Finalmente, la edil expresó su preocupación por el impacto que estas acciones tienen en los sectores más vulnerables. «Se está jugando con los recursos de nada más ni nada menos que las personas con discapacidad», concluyó, dejando un claro mensaje sobre la distancia entre el discurso anticorrupción de La Libertad Avanza y las acciones de sus funcionarios en el poder.
