A pocos años de la explosión y el consecuente desastre ambiental provocado por la planta de agroquímicos Sigma Agro en el paraje rural La Verde, en el partido de Mercedes, la preocupación se traslada a General Rodríguez. Allí, la posible habilitación de Cono Sur Americana S.R.L. para la producción de agroquímicos desata alertas, ya que esta empresa ha sido identificada como subsidiaria de la misma Sigma Agro.
La controversia ha sido ventilada en medios de la localidad vecina. En la última emisión de Contame La Posta (La Posta TV), el productor rural mercedino Martín Barros, residente en La Verde y testigo directo del desastre de 2019, relató en primera persona las horas críticas vividas y las consecuencias que aún persisten.
Experiencia del desastre en La Verde
Barros recordó que el suceso fue grave y que, en un principio, la empresa manejaba un «discurso confuso», planteando la posibilidad de reinstalarse o incluso «aumentar muchísimo la capacidad de producción en La Verde», a pesar de no contar con las habilitaciones necesarias.
La investigación posterior al incidente de 2019 confirmó que Sigma Agro operaba como una empresa química ilegal, sin habilitación municipal ni provincial del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Barros cuestionó las contradicciones del sistema de control, donde el mismo OPDS, que debía clausurarla, terminó aplicándole multas: «¿Cómo pueden multar algo que no está habilitado?».
El fantasma de la tragedia de Mercedes vuelve a encender la alerta, exigiendo mayores controles y transparencia en la posible radicación de una filial de Sigma Agro en General Rodríguez.
El productor rural mercedino advirtió que la tragedia no fue aún mayor solo por la baja densidad de población del paraje: «Esto no fue una tragedia increíble porque acá la densidad de población es bajísima. No me quiero imaginar algo similar con la densidad de Gral. Rodríguez. De otro cantar estaríamos hablando».
Lentitud judicial y críticas al modelo empresarial
Barros también se refirió a la lentitud del proceso judicial, recordando que en 2024 la Fiscalía llevó la causa a archivo bajo el argumento de que «no había delito», aunque posteriormente la pesquisa retomó fuerza y fue elevada a juicio oral. El productor lamentó que la Justicia nunca investigó la responsabilidad de funcionarios municipales y provinciales en el caso.
Finalmente, el análisis de Barros se enfocó en el modelo de funcionamiento de estas empresas de alta peligrosidad (Categoría 3): «Las firmas de categoría 3 son un desastre donde se instalan. Son muy mafia, porque su negocio es comportarse muy mal ambientalmente: hacerlo bien es extremadamente caro». El productor advirtió sobre la necesidad urgente de cambiar la legislación y la lógica empresarial para evitar que la rentabilidad se base en el daño ambiental.
El fantasma de la tragedia de Mercedes vuelve a encender la alerta, exigiendo mayores controles y transparencia en la posible radicación de una filial de Sigma Agro en General Rodríguez.
