La Justicia de Mercedes (Juzgado de Garantías 3) elevó a juicio el caso por contaminación ambiental tras la explosión ocurrida en la planta de la empresa Sigma Agro S.A., ubicada en La Verde.
El Agente Fiscal Lisandro Emanuel Masson solicitó la remisión de la causa a juicio respecto de Juan Jerónimo Araujo Muller, presidente de la firma, y Gustavo Marcelo Ruffa, apoderado general, a quienes se les imputa la infracción al artículo 55 en función del art. 57 de la ley 24051 (Ley de Residuos Peligrosos).
El Agente Fiscal Masson solicitó la aplicación de una pena de 5 años de prisión, el máximo de la multa con más accesorias legales y costas del proceso, para ambos imputados
Según el fallo, la explosión, ocurrida el 27 de septiembre de 2019, puso fin a la «invisibilidad» de la empresa, que funcionaba sin habilitación y producía herbicidas y agroquímicos de manera ilegal.
La investigación reveló que Sigma Agro S.A. no cumplió con los requisitos legales para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, ni con la obligación de caracterizar y remediar el sitio afectado por los residuos peligrosos tras el siniestro.
El Agente Fiscal Masson solicitó la aplicación de una pena de 5 años de prisión, el máximo de la multa con más accesorias legales y costas del proceso, para ambos imputados. En su solicitud, se argumenta que la empresa, al funcionar sin habilitación, menguó las posibilidades de control de los organismos respectivos y que los imputados, en su posición de garantes, no cumplieron con los requerimientos legales de registro, control y manipulación de tóxicos en la planta.
La investigación se basó en una serie de elementos de cargo, incluyendo actas de procedimiento, informes del O.P.D.S., declaraciones de los imputados y documentación aportada por la empresa.
El caso de Sigma Agro S.A. pone de manifiesto la importancia de la aplicación de la ley en materia de gestión de residuos peligrosos y la necesidad de un control estricto sobre las empresas que desarrollan actividades de alto riesgo ambiental.
