La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) fue sede de un crítico análisis sobre la actual Ley de Modernización Laboral, en una jornada que reunió a referentes del Congreso de la Nación, autoridades académicas y representantes gremiales.
El evento, organizado por la Escuela de Ciencias Sociales, puso bajo la lupa las implicancias de una reforma que, según los especialistas presentes, representa la mayor quita de derechos laborales en la Argentina desde el retorno de la democracia.
El panel central estuvo integrado por los senadores nacionales Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, acompañados por sus pares riojanos, los senadores Florencia López y Fernando Rejal.
La apertura institucional fue presidida por el rector de la UNdeC, César Alberto Salcedo, quien destacó la importancia de la universidad como espacio de resistencia y pensamiento crítico frente al actual escenario de desfinanciamiento educativo.
Una reforma de «revancha ideológica»
Durante su exposición, el senador Mariano Recalde realizó una comparación técnica y cronológica de la legislación vigente. Advirtió que la actual reforma del 2026 supera en magnitud a la realizada por la dictadura militar en 1976.
- Alcance técnico: La nueva norma deroga 218 artículos, modifica 28 leyes y elimina otras 11 de forma íntegra.
- Áreas afectadas: Entre las normativas suprimidas figuran la ley de jornadas laborales, accidentes de trabajo, negociación colectiva, derecho a huelga y regímenes específicos como el de periodistas y trabajadores de plataformas.
- Justicia Social: Recalde denunció que la ley busca borrar el concepto de «justicia social» de la interpretación normativa. «Es una reforma cargada de una profunda revancha ideológica que intenta regresarnos a una sociedad de hace un siglo y medio, donde reinaba la desigualdad bajo la máscara de la libertad de contratación», sentenció.
El conflicto universitario y la Ley de Financiamiento
El senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien preside la Comisión de Educación y Cultura del Senado, vinculó la problemática laboral con la crisis que atraviesan las casas de altos estudios. De Pedro denunció el incumplimiento del Poder Ejecutivo respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras un fuerte consenso parlamentario y «clamor popular».
De Pedro denunció el incumplimiento del Poder Ejecutivo respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras un fuerte consenso parlamentario y «clamor popular».
«Hoy nos encontramos con un Gobierno que no implementa la ley. Los rectores han recurrido a la Justicia y se les ha dado la razón: las leyes deben cumplirse», afirmó De Pedro, enfatizando que la educación superior es una política de Estado que el Ejecutivo nacional se niega a ejecutar desde hace casi cinco meses.
Defensa del modelo público
Por su parte, los senadores locales subrayaron el origen comunitario de la UNdeC. El Ab. Fernando Rejal recordó que la creación de la universidad fue fruto de la unión de la comunidad de Chilecito, instando a «cuidar lo logrado más allá de las diferencias políticas». En sintonía, la senadora Florencia López hizo un llamado al compromiso individual y colectivo para defender las instituciones desde cada lugar de la sociedad.
Hacia el cierre del conversatorio, se planteó un interrogante fundamental sobre la viabilidad de la reforma: ¿Es constitucional esta ley? Para los disertantes, la norma viola preceptos básicos de la Constitución Nacional, por lo que prevén que será rechazada por la Justicia.
No obstante, advirtieron que mientras se mantenga vigente, el riesgo de despidos masivos y la precarización bajo el argumento de «generar empleo» es inminente. La jornada concluyó con un llamado a la negociación colectiva y a la defensa de condiciones dignas de trabajo en las calles, reafirmando que no hay paz social sin una distribución justa de derechos.
