En su última sesión marcada por la tensión política y la agenda social, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Mercedes aprobó por mayoría la Resolución 25/2026, mediante la cual expresa su «enérgico rechazo» a las políticas del Poder Ejecutivo Nacional que buscan debilitar la estructura de la Justicia Nacional del Trabajo.
La normativa define estos intentos de reforma como un ataque directo a los derechos constitucionales de los trabajadores argentinos.
La iniciativa fue impulsada por los concejales Sabrina Viñales y Diego Gerdo, ambos vinculados a la CGT Regional Mercedes, y contó con el respaldo institucional de la presidenta del cuerpo, Mariana San Martín.
El documento aprobado advierte que la Justicia Laboral constituye la «herramienta fundamental» para equilibrar las relaciones de fuerza en el ámbito del empleo, y que cualquier intento de desmantelarla representa una regresión institucional sin precedentes.
Contexto de judicialización y conflicto
El pronunciamiento del HCD local no es un hecho aislado. Se produce en un clima de alta litigiosidad nacional, donde la CGT de la República Argentina ha logrado frenar, mediante medidas cautelares, puntos críticos de la reforma laboral oficial.
Recientemente, la justicia suspendió la aplicación de 82 artículos que afectaban pilares básicos como:
* La protección contra el despido arbitrario.
* La libertad de asociación sindical.
* El pleno ejercicio del derecho a huelga.
Los ediles mercedinos subrayaron que el avance sobre el fuero laboral no solo es una cuestión técnica, sino un riesgo sistémico para la paz social y la vigencia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Unidad de acción y notificaciones
Más allá del valor declarativo, la Resolución 25/2026 establece un esquema de notificaciones que busca nacionalizar el reclamo. Además de ser remitida al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación, se dispuso informar formalmente a la CGT Regional Mercedes y a las conducciones nacionales de la central obrera.
Este movimiento refuerza la unidad de acción entre el legislativo municipal y las organizaciones gremiales, consolidando a Mercedes como un foco de resistencia institucional frente a lo que los concejales califican como un intento de desarticular el andamiaje jurídico que protege al eslabón más débil de la relación laboral.
