Por Ariel Dulevich Uzal
Contra el clamor expresado en la audiencia pública más numerosa que el tema haya convocado en nuestra historia reciente, y a pesar de las voces que alertaron sobre la gravedad del texto promovido por el oficialismo para reformar la Ley de Glaciares, el poderoso corporativismo empresarial minero —compuesto mayoritariamente por capitales transnacionales— ha logrado imponer su voluntad.
Con el apoyo de gobernadores de provincias andinas que «bajaron línea» a sus legisladores, se alcanzó la sanción del objetado proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei.
Estos gigantes de hielo, hoy ya vulnerados por el efecto invernadero que reduce sus volúmenes y genera un crecimiento del nivel del mar que anega ínsulas y costas continentales, requerían una protección jurídica reforzada, no un desguace normativo.
Esta decisión se consumó ignorando los informes de destacados especialistas en sustentabilidad de recursos naturales. Los expertos han sido taxativos sobre el rol —vigente y de potencial proyección— que desempeñan los glaciares en la vida humana. Estos gigantes de hielo, hoy ya vulnerados por el efecto invernadero que reduce sus volúmenes y genera un crecimiento del nivel del mar que anega ínsulas y costas continentales, requerían una protección jurídica reforzada, no un desguace normativo.
Al propio tiempo, las opiniones más autorizadas alertan sobre la imperiosa necesidad de preservar impolutos estos magníficos reservorios de agua potable. Vivimos en un planeta donde el vital elemento sufre carencias casi absolutas en dilatadas zonas, impactando de forma dramática en la salud y la calidad de vida de numerosos pueblos del orbe. En este contexto, resulta incomprensible que el interés meramente extractivo prevalezca sobre el derecho humano al agua.
Entre otras entidades representativas, se ha pronunciado categóricamente Greenpeace contra esta reforma, advirtiendo que la medida pone «en riesgo el acceso al agua potable para más de siete millones de personas».
La sólida fundamentación dirigida a evitar la reforma de la sabia Ley 26.639 —una norma vanguardista en la legislación comparada— ha cedido ante los predominantes intereses creados de aldeanas miradas localistas y la vigorosa coacción que ejerce, sin escrúpulos, el gobierno central sobre las provincias. Esta embestida está motivada por una concepción sesgada que, mientras sostiene la omnipotencia de un mercado empeñado en destruir el Estado, niega enfática e irracionalmente la existencia de la cuestión ambiental, un tema que preocupa significativamente a los pueblos y gobiernos de las naciones más civilizadas del mundo.
¡El presidente Milei rema contra la corriente del progreso global y su deletéreo empeño proyecta severas amenazas contra nuestro futuro común!
Ariel Dulevich Uzal es mercedino y ex subsecretario de Turismo de la Nación
