El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) se declaró en estado de alerta tras manifestar su enérgico rechazo a un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por diputados del bloque de La Libertad Avanza (LLA).
La iniciativa legislativa busca modificar las normativas vigentes del sector bajo la premisa de «desregular el mercado inmobiliario», un planteo que las autoridades colegiales consideran una amenaza directa a la seguridad jurídica de las transacciones y al ejercicio profesional matriculado.
El presidente de la entidad bonaerense, el profesional mercedino Luis Eusebio Colao, cuestionó con dureza la propuesta impulsada por nueve de los veinte legisladores que componen la bancada libertaria en la provincia.
De acuerdo con el dirigente local, la norma propuesta constituye «un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia» y esconde el objetivo de equiparar a los profesionales que cuentan con titulación universitaria con personas humanas o jurídicas no matriculadas.
Despenalización de la ilegalidad y riesgo de estafas
El nudo del conflicto radica en la modificación del artículo 80 de la ley sectorial, el cual regula las infracciones y sanciones por el ejercicio ilegal de la actividad. Según denunció Colao, el texto propuesto por los diputados de LLA estipula textualmente que «queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público».
“Con inusitado desparpajo modifican las infracciones. Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”, alertó de manera tajante el presidente de Martilleros BA.
Para la conducción del Colegio, habilitar el corretaje inmobiliario a personas sin formación académica formal representa un grave peligro para los ciudadanos bonaerenses, al desmantelar las garantías y los controles deontológicos que pesan sobre los profesionales matriculados al momento de operar con bienes inmuebles.
Impacto laboral y académico en la provincia
Más allá del perjuicio directo a los usuarios del mercado de bienes raíces, Colao acusó a los legisladores oficialistas de «vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres a diario para brindar un mejor servicio». El dirigente remarcó que la profesión requiere de una formación universitaria continua para garantizar la idoneidad en las operaciones.
Finalmente, desde la institución advirtieron sobre las severas consecuencias socioeconómicas que acarrearía la aprobación de la ley en el territorio provincial, afirmando que la iniciativa «precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires».
